Ruffo y Aguirre, justicia selectiva
La versión del supuesto contubernio de la 4T con la delincuencia organizada surgió por la política de “abrazos no balazos” y las constantes visitas de Andrés Manuel a Badiraguato, incluida aquella en la que saludó a la mamá de El Chapo Guzmán.
La polémica se intensificó con el escándalo del contrabando de combustibles conocido como “huachicol fiscal”, en el cual resultó involucrado nada menos que Rafael Ojeda, secretario de Marina, pero cuando se dijo que los frutos de este multimillonario quebranto fueron a dar a manos de Mario Delgado para financiar las campañas de Morena en el 2021, el tema se convirtió en un asunto de Estado.
Las cosas empeoraron cuando se supo que en Tabasco, tierra de López Obrador, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, a la postre secretario de Gobernación y líder del Senado, el secretario de Seguridad Pública era simultáneamente el líder del cártel “La Barredora”.
Estos escándalos no son ficción política, ya están en la cárcel tanto el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina, como Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad de Tabasco, el primero capturado en Argentina y el segundo en Paraguay; Adán Augusto tuvo que dejar el liderazgo de su bancada en el Senado.
En esas estábamos cuando se hizo público que el día que El Chapito y El Mayo Zambada fueron trasladados a Estados Unidos, se reunieron con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su adversario político Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad, quien horas después apareció asesinado y la Fiscalía local fabricó un montaje para aparentar un supuesto asalto en una gasolinería.
Tampoco este asunto es ficción política, la Fiscalía General de la República fue quien reveló el montaje, la titular de la Fiscalía del Estado fue destituida y el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Rocha Moya y otros altos funcionarios de esa convulsionada entidad, incluido un senador.
Los pecados del oficialismo siguieron acumulándose cuando se supo que Estados Unidos le canceló su visa a la gobernadora morenista de Baja California Marina del Pilar Ávila y a su esposo.
Ante esta imparable oleada de escándalos y la pasividad del gobierno mexicano que ha deteriorado aún más nuestras complicadas relaciones con Donal Trump, el gobierno federal decidió magnificar un accidente automovilístico ocurrido en Chihuahua en el cual fallecieron dos agentes de la CIA, dichos agentes venían de desmantelar un narco laboratorio junto con militares y policías estatales.
Las huestes morenistas se le fueron con todo a Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, acusándola de traición a la patria por permitir que agentes extranjeros operen en su estado, como si no supiéramos que agentes de la DEA, la CIA y el FBI operan en todo México desde hace décadas.
El tiro les salió por la culata cuando se filtraron conversaciones telefónicas de la gobernadora de Baja California donde ofrece información y cooperación a agentes norteamericanos a cambio de que le renueven su visa.
Así las cosas, la 4T decidió irse contra Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador panista de Baja California, lo acusan de que al amparo de un permiso de importación de gasolina ingresó furtivamente al país cantidades de combustible superiores a las autorizadas evadiendo el pago de los impuestos respectivos; él argumenta que es ajeno a las agencias aduanales y empresas de transporte que subcontrató para la introducción del hidrocarburo, mientras son peras o son perones Ruffo ya está en una cárcel de máxima seguridad con todo y sus 74 años de edad.
Pero ahí no paran los distractores, la semana pasada detuvieron al ex gobernador perredista de Guerrero Ángel Heladio Aguirre, acusado de destruir pruebas fundamentales sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa hace más de una década.
Efectivamente, el video que pudieron haber tomado las cámaras del Centro de Justicia de Iguala es importantísimo para confirmar o desmentir la denominada “verdad histórica”; ese video, si es que existe o existió, nadie lo conoce, lo cierto es que las cámaras estaban en instalaciones del Poder Judicial de Guerrero, quien debe responder por ese material no es quien era gobernador, sino quien era Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
En el 2016 reformamos la Constitución para dotar de autonomía a las Fiscalías, la idea era que no dependieran del Ejecutivo para no politizar la justicia, pero 10 años después es triste ver que no se logró, a los Adanes Augustos y Rocha Moyas no se les toca ni con el pétalo de una rosa, a los adversarios con todo, justicia selectiva.