CIUDAD DE MÉXICO. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva reforma para corregir la contradicción en el tope constitucional impuesto a las llamadas pensiones doradas de servidores públicos.
Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal informó que presentará el cambio en el próximo periodo de sesiones del Congreso para establecer como límite máximo de las jubilaciones la remuneración de la titular del Ejecutivo federal y no la mitad de ese monto.
«Sí, sí. En las pláticas que tuvieron con Luisa, (se planteó) que era contradictorio y, en efecto, a la hora de que se propuso la reforma no quedó, digamos, claro. Entonces, la orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la Presidenta y ahora que venga la nueva sesión del Congreso, hacer el equivalente para que quede claro», afirmó Sheinbaum en conferencia mañanera.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, admitió lo publicado por Grupo REFORMA, en el sentido de que las modificaciones aprobadas en marzo dejó en la Constitución dos topes que no podían aplicarse simultáneamente.
Uno de los preceptos permite que los servidores públicos en activo perciban hasta el equivalente a la remuneración presidencial, mientras que otro limita las pensiones y jubilaciones a la mitad de ese monto.
«En la Constitución había dos conceptos. De alguna manera, lo que nosotros establecimos es que podían contraponerse, ser contradictorios, y que había que asumir la postura que más protegiera a la persona», explicó.
Alcalde recordó que diversas instituciones solicitaron a la Consejería Jurídica un criterio para atender las inconformidades de jubilados a quienes se aplicó el límite equivalente a la mitad del salario presidencial.
La dependencia emitió el 9 de junio una opinión para ordenar que se aplicara el criterio más favorable a los pensionados, por lo que el tope pasó a ser el total de la remuneración de Sheinbaum.
«Las instituciones debían aplicar lo más benéfico. ¿Qué significa? Pues que aquellas personas que estaban recibiendo la mitad del salario de la Presidenta pasaron a recibir el tope máximo del salario de la Presidenta», afirmó.
La Consejera rechazó que el criterio signifique que el Gobierno dio marcha atrás en la eliminación de las pensiones millonarias.
«Es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas. No, las pensiones doradas ya no existen en nuestro País porque ya nadie puede obtener un millón de pesos, medio millón de pesos mensuales, a veces por cargos que habían tenido dos, tres, cuatro años», sostuvo.
Alcalde aseguró que ninguna pensión pagada con recursos públicos podrá superar la remuneración presidencial.
«Se mantienen los topes, pero el tope que más favorece, evidentemente, entre la mitad y el monto total del salario de la Presidenta, pues es el salario de la Presidenta. En este momento nadie puede recibir por pensión más de lo que hoy es el tope máximo establecido en la Constitución, que es el salario de la Presidenta», señaló.
Estimó en alrededor de 5 mil millones de pesos el ahorro generado por la eliminación de jubilaciones superiores a la remuneración presidencial.
«Como 5 mil millones, más o menos, porque todavía hay quienes quisieran regresar al pasado y decir: ‘Es mi derecho recibir un millón de pesos’. No, la Constitución es clara en establecer», respondió.
La reforma al Artículo 127 constitucional fue presentada por Sheinbaum el 3 de marzo y aprobada sin modificaciones por la mayoría oficialista en las Cámaras de Diputados y Senadores.
La iniciativa estableció que ninguna jubilación o pensión financiada con recursos públicos podía superar la mitad de la remuneración presidencial, salvo las excepciones previstas para aportaciones voluntarias, prestaciones sindicales, pensiones no contributivas y las Fuerzas Armadas.
El criterio emitido posteriormente por la Consejería Jurídica, publicado por Grupo REFORMA, dejó sin aplicación práctica el límite del 50 por ciento y permitió pagar pensiones hasta por el equivalente al ingreso de la Presidenta.
El anuncio de una nueva reforma contrasta con las declaraciones de legisladores de Morena que habían descartado modificar nuevamente la Constitución.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó el 28 de julio que existiera una contradicción y sostuvo que el salario debía utilizarse como base para calcular la pensión, pero el pago final debía ajustarse al límite constitucional de 50 por ciento.
Un día antes, el vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar consideró innecesaria otra reforma porque, a su juicio, la interpretación de la Consejería Jurídica había solucionado el problema.
Ramírez Cuéllar reconoció que durante varios meses se aplicó el tope de la mitad del salario presidencial y que posteriormente las instituciones tuvieron que reponer los recursos descontados a los jubilados.
Claudia Guerrero
Agencia Reforma