ZACATECAS. El Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas del Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió a trámite la demanda de amparo promovida por cuatro concesionarios del transporte público urbano de la capital del estado y Guadalupe, en contra de actos atribuidos a diversas autoridades estatales y federales con la implementación del proyecto Mobi/Platabús.
En un comunicado, el despacho de abogados Studio Légale, que representa a los quejosos, informó que al admitir la demanda de amparo, con el expediente 1253/2026-III, el juzgado analizará la constitucionalidad y legalidad de los actos reclamados respecto a la planeación, contratación, ejecución y operación del nuevo modelo de transporte, así como la posible afectación a concesiones vigentes de rutas urbanas autorizadas.
“Nuestra postura no es oponernos a la modernización del transporte público. Lo que se exige es que cualquier transformación estructural del sistema se realice con apego a la Constitución, con transparencia, con audiencia previa, con certeza jurídica para los concesionarios vigentes y con un régimen de transición claro, fundado y motivado”, expresaron.
Los litigantes expusieron que el proyecto Mobi/Platabús no puede avanzar mediante decisiones unilaterales, opacas o técnicamente insuficientes, si con ello se afecta el mercado regulado del transporte urbano y los derechos previamente reconocidos a concesionarios que durante años han prestado el servicio público en la zona metropolitana.
El juzgado federal fijó la audiencia incidental para el 20 julio, mientras que la constitucional será el 28 de septiembre.
“Seguiremos actuando por la vía institucional, jurídica y constitucional, defendiendo el derecho de nuestros representados a ser escuchados antes de que se modifique materialmente el régimen bajo el cual prestan un servicio público concesionado”, afirmaron los abogados.
ABIERTOS AL DIÁLOGO
En un comunicado, representantes de las rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16 y 17, así como de Transportes Guadalupe, señalaron que ninguna persona, organización o representante legal puede atribuirse la representación de la totalidad del sector transportista sin contar con el consentimiento y la autorización expresa de quienes lo integran.
Advirtieron que no están de acuerdo con que se utilice al gremio como instrumento de confrontación política o mediática. Y mantienen su disposición al diálogo y voluntad para participar en la construcción de un nuevo modelo de movilidad para Zacatecas.
