GUADALUPE. La Asamblea Comunal Revolucionaria Sección 2 de El Bordo y El Bajío amagó a las autoridades estatales con un paro de labores agrícolas y tomas de edificios si no se llega a un acuerdo favorable sobre la fecha de inicio de la construcción de la carretera El Bordo–Norias de San Juan.
Esta determinación fue convenida en una sesión celebrada el 1 de julio, durante la cual el 97 por ciento de los representantes votó en contra del planteamiento de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), sobre arrancar entre septiembre y diciembre con esta obra carretera que conecta Guadalupe y Pánuco, puesto que el compromiso previo había sido que iniciara meses antes.
“De acuerdo con una minuta firmada el 3 de abril, el inicio de la obra estaba previsto para mayo de este año, por lo que el nuevo calendario representa un incumplimiento a los acuerdos previamente pactados”, puntualizaron los integrantes de la asamblea.
ULTIMÁTUM
La asamblea instruyó a su Comité Central solicitar una mesa de diálogo exclusivamente con la titular de la SOP, Mildred Karla Montes Inchaurregui, con el objetivo de presentar una contrapropuesta antes de que concluya el plazo del emplazamiento, fijado para hoy.
De acuerdo con los resolutivos, de no alcanzarse una solución satisfactoria durante dicho encuentro, la organización llevará adelante las movilizaciones previamente acordadas por la asamblea.
“Exhortamos al gobierno del estado a no subestimar a la Sección 2 ni a nuestro poder de movilización y organización. Y lo hacemos responsable de las acciones y afectaciones que emanen de nuestras movilizaciones debido al incumplimiento de la minuta firmada el 3 de abril”, advirtieron en un comunicado.
Durante la sesión se acordó iniciar de inmediato los trabajos de coordinación entre los comités de lucha para organizar contingentes de agremiados y la maquinaria que usarán en las acciones de protesta.
PRECISIÓN
En contraste, la Asamblea Comunal Revolucionaria anunció que aceptó la propuesta de apoyo presentada por el Ayuntamiento de Guadalupe, y determinó mantener abiertas las mesas de diálogo con su Municipio para gestionar programas sociales en beneficio de las familias agremiadas.
Con esto, aseguraron, dejan al ayuntamiento fuera de las acciones de presión dirigidas al gobierno del estado.