FRESNILLO. Familias de personas desaparecidas en Fresnillo continúan bajo la presión de amenazas de embargo y deudas congeladas debido a que ningún juzgado ha dictado una sentencia definitiva de Declaración Especial de Ausencia (DEA), una herramienta que garantiza la conservación de la personalidad jurídica, así como la protección del patrimonio y la presunción de vida.
Leticia Castañeda Cruz, titular de la Dirección de Atención a Víctimas Indirectas de Personas Desaparecidas de Fresnillo, explicó que desde que inició el programa han recibido 40 solicitudes para acceder a la DEA, y de éstas, solo 18 se encuentran en trámite.
“En varios de estos casos prácticamente se agotaron las etapas procesales y únicamente permanece pendiente la recepción de diversos informes solicitados por los juzgados a instituciones públicas y privadas”, precisó.
AMENAZAS DE EMBARGO
La funcionaria local destacó que continúan las amenazas de embargo por parte de instituciones acreedoras debido a créditos hipotecarios, préstamos bancarios u otras obligaciones financieras que quedaron pendientes tras la desaparición de sus familiares.
En varios casos, explicó, los familiares han continuado realizando pagos para evitar perder su patrimonio, mientras que otros decidieron suspenderlos en espera de que los jueces emitan la declaración especial de ausencia, resolución que permitiría detener temporalmente los cobros, la generación de intereses y los procedimientos de embargo.
No obstante, aseguró que la sola presentación de la solicitud judicial ya ha contribuido a disminuir la presión ejercida por algunas instituciones financieras, al acreditar que el procedimiento legal se encuentra en curso.
Aun así, confió en que las primeras resoluciones puedan emitirse este año, toda vez que los juzgados reciban la totalidad de los informes solicitados, lo que permitirá brindar mayor certeza jurídica y protección a las familias de personas desaparecidas en Fresnillo.
EL PROCESO
Castañeda Cruz explicó que las solicitudes son atendidas en coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la (FGJE), instancia que canaliza parte de los casos. En cuanto al resto, llegan directamente por petición de las familias.
Al respecto, precisó que el tiempo de espera depende exclusivamente de la integración de la información requerida, ya que los juzgados familiares no pueden dictar sentencia hasta contar con todos los elementos establecidos por la ley.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades judiciales a privilegiar criterios sensibles durante el análisis de estos procedimientos, con el propósito de evitar que las familias sean sometidas a una revictimización por cuestiones de forma o requisitos administrativos.
“Nuestro objetivo es agilizar los procedimientos y evitar que las víctimas indirectas enfren