ZACATECAS. El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, aseguró que la entidad mantiene una baja incidencia de denuncias por presuntos actos de tortura cometidos por servidores públicos.
Al informar que la fiscalía se sumó a la estrategia nacional en materia de prevención de la tortura, enfatizó que en próximos días, en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob), se pondrán en marcha campañas de capacitación dirigidas al personal y servidores públicos para fortalecer tanto la prevención como el respeto a los derechos humanos.
Camacho Osnaya explicó que el delito de tortura, conforme a la legislación vigente, está dirigido principalmente a sancionar conductas cometidas por autoridades, por lo que señaló que en Zacatecas no existen denuncias relevantes por este delito y que en algunos procesos penales los señalamientos suelen ser utilizados por las defensas como estrategia para intentar desacreditar pruebas o frenar los procedimientos judiciales.
“Zacatecas es de los estados donde tenemos menor incidencia en este tema”, aseguró.
CENTROS DE REHABILITACIÓN
El fiscal del Estado planteó la necesidad de abrir un análisis legislativo para regular con mayor precisión la actuación de los centros de rehabilitación particulares y prevenir posibles malos tratos contra las personas internadas.
Consideró necesario revisar el marco jurídico que regula a los centros de rehabilitación, ya que advirtió que pueden presentarse casos de privación de la libertad o malos tratos por parte de particulares que actualmente no encuadran en el delito de tortura, al estar este previsto para servidores públicos.
Recordó que hace unas semanas la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) intervino en un centro de rehabilitación y detuvo a tres personas por hechos relacionados con el traslado e internamiento de personas; sin embargo, un juez determinó que la actuación formaba parte de las funciones de ese tipo.