MUERE LA LEY SANTOS
Mucho drama y pleitos hubo en la sesión donde finalmente se derogó la denominada Ley Santos, que condicionaba las diputaciones a secretarios y subsecretarios a que renunciaran un año antes de la elección. Los diputados de Morena pretendían bajar el dictamen en un inicio porque creían que los naranjas Nanis Romo y Marco Vinicio Flores “se les iban a rajar”, pero al final apoyaron la derogación. Diputados venenosos calificaron de mucho drama injustificado el de Dayanne Cruz, quien reclamó violencia de género por exclusión, pese a que sí la habían invitado a la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se abordó el dictamen. Y a los escandalosos diputados Isadora Sántivañez y Beto Lamas, les resultó más fácil decir que nunca aprobaron la Ley Santos que admitir que no leyeron bien lo que estaban votando en aquella sesión de diciembre de 2024. Ya más tranquilo, el diputado Santos González da por hecho que los ayuntamientos respaldarán en los próximos días la derogación de la ley, y los funcionarios no tendrán bronca para postularse al Congreso del Estado.
CONSEJEROS CARNALES
Abogados ponzoñosos (Iván Casas es uno de ellos) cuestionan si realmente mejorará y será más independiente el Poder Judicial con la designación de dos consejeros más en el Órgano de Administración. Y es que Natalia Vázquez y Roberto Yirel Romero, quienes ayer rindieron protesta, son del mismo grupo de la presidenta del órgano, Norma Esparza. Natalia, dicen las lenguas viperinas, fue designada por instrucción de Eulogio Monreal, mientras que a Roberto le atribuyen el padrinazgo al magistrado Virgilio Rivera. Ninguno de los dos nuevos consejeros era el de mayor experiencia de los otros aspirantes. Natalia era jurídica en el ISSSTE y era externa, mientras que Roberto tenía poco como juez. Con un órgano de cinco consejeros, no le ven mucha diferencia a cuando eran tres. Lo seguirán controlando los mismos.
¡PREPARAN MARCHA!
Después de que tomaran los bancos, el magisterio de la Sección 34 del SNTE, que dirige Filiberto Frausto, se prepara para la marcha de hoy, entre las 10 y 11 de la mañana por el Centro Histórico. Para su exigencia de tumbar la ley del ISSSTE de 2007, se le sumarán activistas de otros sectores, pero en el caso del SPAUAZ, el dirigente Carlos Aréchiga de algún modo se lavó las manos. En un comunicado expuso que cada docente es libre de decidir si participa, según sus convicciones. No hubo, pues, un llamado directo a marchar. Los ponzoñosos culpan de ello a Miriam Pinedo, hermana de la secretaria de Educación, Gaby Pinedo, quien supuestamente presionó a Aréchiga para que no se metiera en las protestas.
VIOLAN CLÁUSULA
Muy respetuosos y ordenados fueron la presidenta de Derechos Humanos, Maricela Dimas, y el diputado Eleuterio Ramos al reducir sus responsabilidades en la UAZ y no violar la cláusula 48 del contrato colectivo de SPAUAZ. Pero Diana Saucedo, delegada de la Segob, sí la violó. En la universidad le reportaron una carga de 27 horas semanales, que si se suma con la jornada que debió tener hace poco, cuando era subsecretaria de Prevención del Delito, serían 67 horas semanales, cuando se supone que el máximo permitido son 50. Los ponzoñosos dudan que las haya cumplido todas, y adelantan que en Segob se le complicará más dobletear funciones.
BERRINCHES POR DINERO
La gobernanza se metió a regular los ingresos propios que reciben en universidades, tecnológicos y colegios estatales, por concepto de trámites y servicios. El secretario de la Función Pública, Ernesto González, admite que esta situación ha generado berrinches por parte de quienes solían disponer de esos recursos en algunos planteles, y eso ha generado acusaciones y pleitos por el dinero. En la Utzac, los venenosos ya le andaban echando el ojo al gimnasio que, según la rectora Violeta Cerrillo, dejó ingresos por 193 mil pesos el año pasado. En el equipo de la funcionaria expriista juran que la Secretaría de Finanzas les está revisando cada peso que recaudan.