ZACATECAS. A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notifique al gobierno estatal la controversia que resolvió en favor del Ayuntamiento de Río Grande, correrá un plazo de 90 días para que se le transfieran los servicios de Tránsito y Vialidad al municipio.
El coordinador jurídico del gobierno estatal, Armando Ávalos Arellano, expuso que por parte del Estado les corresponde elaborar un programa de transferencia: “Nosotros empezamos a pedir información a distintas entidades”.
Asimismo, indicó, se recopilan datos de infraestructura, patrullas y equipo para las funciones de vialidad.
“El Municipio nos podría hacer alguna solicitud en el sentido de que pretenda que Gobierno del Estado le dé en comodato, le facilite el inmueble donde está instalada actualmente la dirección. Puede ser que pida el comodato de patrullas”, detalló.
Incluso, Ávalos Arellano mencionó que también pudiera ser que el ayuntamiento no requiera dicho apoyo y el Estado tendrá que notificar que estará en condiciones de transferir del servicio que, insistió, no se deberá interrumpir.
“NO SE COMPENSARÁ”
El coordinador jurídico estatal advirtió que la prestación del servicio de Tránsito no es sencilla e implica muchísima responsabilidad. Si bien los municipios podrán recaudar por multas, “los gastos que van a tener que realizar por la prestación del servicio no se compensan”, advirtió.
Por otra parte, comentó que el plazo que más ha avanzado para transferir Tránsito es con el gobierno de Jalpa, que estimó podrían hacerse cargo de esta facultad en un par de meses.