ZACATECAS. Para evitar la venta irregular en internet y locales no autorizados del medicamento GLP-1, utilizado para tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, la senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fortalecer las acciones de vigilancia, inspección y control sanitario respecto a la comercialización física y a través de medios digitales de este medicamento.
Lo anterior para detectar y retirar del mercado aquellos que carezcan de registro sanitario, presenten irregularidades en su trazabilidad o constituyan un riesgo para la salud de la población.
Al fundamentar la propuesta la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que se busca proteger la salud pública de falsificaciones de medicamentos como Ozempic®️, Wegovy®️, Saxenda®️ y su venta sin receta médica, ante el incremento de su uso como adelgazante.
Geovanna Bañuelos pidió a la Cofepris reforzar inspecciones físicas y digitales para retirar medicamentos riesgosos y realizar campañas para alertar sobre peligros de compras en internet o sitios no regulados.
Mientras que instó a la Secretaría de Salud a garantizar abasto prioritario para pacientes diabéticos. La medida responde a alertas globales y nacionales sobre el «auge del uso de Ozempic» como reductor de peso, que afecta el control médico y expone a la población a efectos adversos sin supervisión.
Estos fármacos diseñados para diabetes tipo 2 ganaron popularidad en las redes sociales por su efecto adelgazante lo que genera desabasto para pacientes reales y riesgos como problemas gastrointestinales.
La legisladora por Zacatecas señaló que recientemente el uso fuera de indicación de fármacos GLP-1 como Ozempic o Wegovy ha multiplicado su demanda por su efecto en la pérdida de peso, pero también dispara riesgos graves: náuseas intensas, pancreatitis o desbalances hormonales por automedicarse.
Geovanna Bañuelos argumenta que la alta demanda ha provocado ventas sin control en plataformas digitales, consultorios estéticos y farmacias irregulares, con productos sin registro sanitario o trazabilidad dudosa.
«La salud no puede convertirse en una mercancía sujeta a modas, tendencias digitales o intereses comerciales. La salud es un derecho humano fundamental, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los medicamentos se utilicen de manera segura, responsable y bajo criterios médicos que protejan la vida y el bienestar de la población «, enfatiza.
La legisladora expresó el compromiso del Grupo Parlamentario del PT con la defensa de la salud como derecho humano, instando al Estado a actuar con firmeza contra intereses comerciales que priorizan ganancias sobre el bienestar colectivo.
“Esta proposición no solo busca mitigar riesgos inmediatos, sino fomentar una cultura de uso responsable de medicamentos, coordinando esfuerzos federales y estatales para campañas educativas que informen a la ciudadanía sobre canales autorizados y peligros de productos falsos”, concluyó.