ZACATECAS. “En medio de un discurso legislativo que apuesta por la modernización digital, la protección de datos personales y la regulación de la inteligencia artificial, crece la preocupación por la falta de congruencia entre lo que se propone en tribuna y lo que ocurre en la práctica política en México”, advirtió Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y datos personales.
Señaló que recientemente se han impulsado iniciativas para fortalecer la “anonimización de datos”, con el objetivo de permitir su uso en procesos de innovación sin comprometer la privacidad. Sin embargo, explicó que este enfoque omite un aspecto clave: la anonimización no garantiza por sí misma la protección total.
“La evidencia demuestra que, mediante el cruce de bases de datos, es posible reidentificar a personas, incluso cuando la información ha sido tratada como anónima. Sin estándares estrictos y auditorías independientes, el riesgo persiste”, afirmó la ex Comisionada del INAI.
A este escenario se suma una propuesta de Ley General de Inteligencia Artificial, cuyo contenido ha generado cuestionamientos por la falta de claridad en conceptos clave. Del Río Venegas advirtió que términos como “desinformación digital”, “violencia digital” o “fraude digital” carecen de definiciones precisas, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
“Esta ambigüedad puede derivar en decisiones arbitrarias e incluso en medidas que afecten la libertad de expresión bajo el argumento de regulación, en lugar de ayudar parece que perjudicarán”, puntualizó.
Subrayó que el problema de fondo no es sólo técnico, sino de congruencia política. Mientras se promueven iniciativas para proteger los datos personales, los mismos actores han impulsado reformas que amplían la recopilación de información sensible, como la integración de datos biométricos a registros como la CURP o el registro obligatorio de líneas celulares que no acaba de convencer con tanto descontrol y denuncias de robos de identidad y de errores de seguridad en las plataformas.
“Estas acciones incrementan la exposición de la ciudadanía y contradicen el discurso de protección”, sostuvo.
Asimismo, señaló que el uso de bases de datos y call centers para el envío masivo de mensajes políticos evidencia prácticas que vulneran la normativa vigente. “Quienes buscan nuevas reglas son, en muchos casos, los primeros en operar fuera de ellas”, afirmó.
Del Río Venegas reconoció que los riesgos digitales son reales y urgentes. Millones de personas han sido víctimas de ciberacoso, particularmente mujeres afectadas por el uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo no consentido. No obstante, enfatizó que estos desafíos requieren soluciones técnicas sólidas, no respuestas legislativas ambiguas o improvisadas.
Recordó que México ya cuenta con instrumentos legales como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de Particulares, por lo que el principal desafío no ha sido la ausencia de normas, sino su cumplimiento efectivo. “Ese es el problema”, puntualizó Julieta Del Río.
“Sin instituciones fuertes, sin auditorías independientes, sin sanciones reales y sin voluntad política, cualquier nueva regulación corre el riesgo de convertirse en un instrumento de control, en lugar de una garantía de protección para la ciudadanía”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado a centrar la discusión no sólo en la creación de nuevas leyes, sino en el cumplimiento de las existentes, la rendición de cuentas y la congruencia en el actuar público.
“Cuando promueven la regulación son las caras de los que la incumplen, el problema no es la falta de normas, insisto, es la falta de autoridad que las aplique y credibilidad en la ciudadanía. Es indispensable abrir mesas de diálogo bajo esquemas de parlamento abierto, donde participen especialistas en inteligencia artificial y en protección de datos sensibles. De lo contrario, sus iniciativas nacerán como letra muerta y, en el contexto actual, la confianza pública seguirá erosionándose”, concluyó.