ZACATECAS. La diputada del Partido del Trabajo (PT), Renata Ávila Valadez, hizo un llamado firme a no autorizar el incremento en la tarifa del transporte público en Zacatecas, al considerar que esta medida afectaría directamente la economía de las familias sin garantizar mejoras sustanciales en el servicio.
Esto luego de que los concesionarios del transporte público manifestaran su intención de incrementar el costo en más del 20 por ciento, bajo el argumento del aumento en insumos como el diésel y los costos de operación, lo que ha encendido el debate público sobre la viabilidad de ajustar la tarifa sin que existan garantías claras de mejora en la calidad, seguridad y eficiencia del servicio.
A pesar de que se rompiera el quórum en la sesión de este jueves, la legisladora subrayó, mediante sus redes sociales, que el transporte público no puede entenderse únicamente como una tarifa, sino como un elemento esencial en la vida cotidiana de miles de personas que lo utilizan para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.
Señaló que el aumento propuesto de 10 a 12 pesos representa un impacto significativo en el gasto mensual, que pasaría de aproximadamente 400 a 480 pesos por persona, lo que equivale a cerca de mil pesos adicionales al año, por lo que, en familias, por ejemplo, de cuatro integrantes, el gasto anual podría incrementarse hasta en 3,840 pesos.
“La discusión no es de dos pesos. Es el impacto directo en la vida diaria de la gente, en su despensa, en sus medicamentos, en los útiles de sus hijas e hijos”, enfatizó.
Ávila Valadez recordó que en los últimos 16 años se han registrado al menos seis incrementos en la tarifa del transporte público en Zacatecas, sin que ello se traduzca en una mejora real en la calidad del servicio, por lo que cuestionó la lógica de seguir trasladando los costos a la ciudadanía.
Asimismo, señaló que justificar el aumento únicamente en factores como el costo del diésel evidencia la falta de una política pública integral en materia de movilidad. “Si cada variación la paga la gente, entonces no hay política pública, hay traslado de costos, y eso no es aceptable”, sostuvo.
La diputada advirtió también sobre los posibles efectos negativos del modelo de modernización planteado, el cual podría incrementar el número de traslados que una persona debe realizar para llegar a su destino, generando mayores gastos, más tiempo de traslado y desgaste para las y los usuarios.
De igual forma, visibilizó la problemática de inseguridad en el transporte público, particularmente para las mujeres, quienes enfrentan situaciones de acoso tanto en paradas como dentro de las unidades, además de condiciones de saturación que ponen en riesgo su integridad, situaciones que vivió en carne propia.
En este contexto, hizo un llamado al Gobierno del Estado a no autorizar incrementos sin antes realizar un análisis serio y abrir procesos de consulta pública que permitan escuchar a la ciudadanía. Asimismo, reiteró la urgencia de avanzar en la aprobación de una Ley de Movilidad que establezca reglas claras, garantice orden y priorice un servicio digno, accesible y seguro.