MONTERREY. Con las restricciones federales al maíz transgénico impugnadas por EU y el retraso masivo en los registros de pesticidas, entre otras barreras importantes, el sector agropecuario es una de las áreas con más conflictos regulatorios a solucionar con México al revisar el T-MEC en julio, superando incluso al sector energético, apuntó la USTR.
El sector agropecuario tiene al menos nueve obstáculos para la relación bilateral, entre los cuales también se encuentran supuestos intentos de restringir a EU el acceso al mercado de la papa, de acuerdo con el Informe Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 de la agencia estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) refirió como dificultades clave los límites legales a la propiedad extranjera en el campo, el trabajo agrícola forzado para la producción tomatera y cafetalera, y la pesca y producción de aguacate ilegales.
Respecto al maíz genéticamente modificado recordó que, con base en el T-MEC, México no puede impedir la importación de transgénicos estadounidenses, como intentó hacerlo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 2023, mediante un decreto que quedó sin efectos tras su impugnación.
Advirtió que supervisará el acceso al mercado de estos productos y que la Cofepris está obligada a emitir una decisión sobre las solicitudes de autorización para la importación de productos genéticamente modificados en un máximo de seis meses a partir de su recepción, por lo que incumplir el plazo constituye una barrera comercial.
Señaló además que la Cofepris no está renovando los registros de algunos productos químicos agrícolas, por lo que decenas de empresas estadounidenses ya no pueden exportarlos, situación que continúa en vigilancia por EU, luego de que a finales del 2025 las autoridades mexicanas prometieron simplificar el proceso.
Sobre la exportación de papa, acusó -sin detallar cómo- que la industria mexicana ha tratado de impedir a EU entrar al mercado desde el 2022, cuando la Suprema Corte resolvió que la Unión Americana podía enviar este producto más allá de una zona fronteriza de 26 kilómetros.
En cuanto al trabajo forzado, la USTR reportó que en octubre del 2021 tuvo que prohibir la importación de tomates de una empresa en México por sospechas de ese tipo de prácticas y aplicó una medida similar a una productora de café en enero del 2026.
Denunció que el trabajo forzado le da al País una ventaja injusta en costos de producción, barrera parecida a la detectada en la producción de aguacate en tierras michoacanas deforestadas ilegalmente, que representaría un obstáculo para las empresas que cumplen con las leyes ambientales.
Agregó que la pesca ilegal de especies como el pargo rojo y el mero en aguas estadounidenses por parte de embarcaciones mexicanas está deprimiendo los precios y poniendo en desventaja a los pescadores de EU.
Añadió como restricción a la inversión que la propiedad extranjera está limitada al 49% para fines agrícolas.