MICHOACÁN. A través de un comunicado la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) exigió escuelas seguras para niños y docentes en Michoacán, despues del hecho sucitado en una escuela preparatoria de dicho estado.
La trágica muerte de las maestras María del Rosario Sagrero Chávez (36 años) y Tatiana Madrigal Bedolla (37 años), ocurrida el martes 24 de marzo en las instalacionesde la preparatoria privada Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha conmocionado profundamente a la comunidad.
Un estudiante de 15 años, identificado como Osmer “N.”, ingresó al plantel armado con un rifle AR-15 y disparó en múltiples ocasiones contra las docentes, quitándoles la vida frente a sus compañeros. Horas antes, el joven había publicado en redes sociales un video en el que posaba con el arma y expresaba mensajes de odio, anticipando el ataque.
En el comunicado se especifica que este hecho no es un incidente aislado, sino la manifestación más dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en los centros educativos y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores.
«Expresamos nuestra más profunda solidaridad y oraciones con las familias de las maestras María del Rosario y Tatiana, con sus colegas, con los estudiantes y con toda la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas y del estado de Michoacán. Su dolor es nuestro dolor. Hoy nos unimos en el luto y en la exigencia de justicia».
En la misiva se hace un llamado urgente a la solidaridad de la sociedad michoacana, de las organizaciones civiles, a los dueños de instituciones educativas, a las mesas directivas de padres de familia, así como a las autoridades educativas, para acompañar a las familias de las víctimas y exigir que maestros y alumnos de los planteles
educativos tengan las condiciones de seguridad e integridad requeridas, de manera que nunca más se repita una tragedia como ésta.
Asimismo, se solicita respetuosamente:
1. Al Gobernador del Estado de Michoacán y a la Secretaría de Seguridad Pública: implementar de inmediato un protocolo de seguridad escolar integral que incluya revisión de accesos, detección temprana de riesgos y coordinación con las fuerzas de seguridad para proteger a estudiantes y docentes en todos los planteles del estado.
2. A la Fiscalía General del Estado: realizar una investigación exhaustiva, ágil y transparente sobre el origen del arma utilizada (presuntamente un fusil AR-15), las posibles responsabilidades de adultos que permitieron su acceso al menor, y esclarecer cualquier vínculo con contenidos de odio difundidos en redes sociales.
3. A la Secretaría de Educación del Estado: reforzar los programas de prevención de violencia, salud mental y detección de señales de alerta en adolescentes, así como garantizar la capacitación continua del personal docente y directivo en materia de seguridad escolar. Asimismo, impulsar la instalación de centros de escucha en las escuelas para acompañar las necesidades de nuestros jóvenes y de sus maestros. Es una necesidad apremiante.
4. A las autoridades federales: colaborar activamente para evitar que armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas lleguen a manos de civiles, especialmente de menores.
5. A los padres de familia: mantener una comunicación estrecha con la comunidad educativa para emprender acciones que permitan reducir las conductas violentas de nuestros hijos, cuidar el contenido que publican y evitar el uso de redes sociales y dispositivos sobre todo en menores de edad, para que no sean víctimas de grupos, ideas o iniciativas que les resulten perjudiciales. La comunicación asertiva, los buenos hábitos y los valores que deben impulsarse entre nuestros adolescentes y jóvenes deben motivarlos hacia la vida; cualquier acción contraria requiere nuestra estricta intervención y atención.