VALPARAÍSO. Cuatro de los cinco comerciantes que fueron notificados por parte del ayuntamiento que serían desalojados del Mercado Valparaíso interpusieron un amparo para evitarlo, pues argumentan que no hay justificación para dicha decisión.
De acuerdo con los hechos, el síndico Ramón Guadalupe Acuña Escobedo envió una notificación por escrito de desalojo en septiembre a cinco locatarios, pese a que tienen años arrendando igual número de inmuebles.
En el documento, el síndico informaba a los comerciantes que por decisión del ayuntamiento se les rescindiría el contrato de arrendamiento y se les otorgaban 30 días hábiles para que “de manera voluntaria desaloje el local […]”, es decir, a más tardar a finales de octubre.
Ante ello, los afectados buscaron protegerse de la medida, pues afirmaron que no hay causales de esta decisión que quieren aplicar a “rajatabla” y que viola los preceptos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
De esta manera, dijeron, tres de los afectados acudieron a solicitar un amparo tras ser notificados y continúan operando en sus negocios; sin embargo, con la amenaza latente de que se pueda cumplir la decisión unilateral y pudieran ser echados de los establecimientos que arrendan desde hace varios años.
Explicaron que este fin de semana otro de los locatarios se unió al interponer un amparo, con lo cual ya suman cuatro de los cinco notificados que toman acciones legales, entre ellos el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Valparaíso.
ALCALDESA NIEGA DIÁLOGO
Los comerciantes lamentaron que, a pesar de que han insistido en dialogar con la alcaldesa María Guadalupe Ortiz Robles, ella se ha negado a escucharlos y solo responde que “la decisión está tomada y así se aplicará”.
Por ello, consideraron que la actitud de la presidenta municipal obedece a una práctica que han adoptado los gobiernos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “al puro estilo de la 4T, quienes actúan bajo una actitud de arrogancia y arbitrariedad”.
Comentaron que, en contraste, el síndico Ramón Guadalupe Acuña Escobedo ya se acercó con la intención de dialogar con ellos, “pero la que no quiere ceder en nada es la presidenta [municipal]”.
DESACATAN ORDEN DE LA FISCALÍA
Uno de los afectados que interpuso un amparo, y que pidió el anonimato, compartió que obtuvo la notificación de aceptación.
Informó que en el primer resolutivo que dio la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se instruyó al síndico que, mientras el caso siga su curso y se llegue a un arreglo, deberían expedirle los contratos correspondientes de renta de los locales, “pero hasta ahora no lo han hecho”.
Advirtió que dicha demanda dio frutos y hasta después de cuatro meses fue respondida, ya que “desgraciadamente la presidenta [municipal] le quitó muchas funciones al síndico”.