Comisariados ejidales y decenas de campesinos protestaron en las oficinas del Registro Nacional Agrario (RAN) para quejarse por el mal servicio recibido y retraso en trámites; además, denunciaron presuntos cobros por los servicios por parte de la delegada Rita Guadalupe Díaz González, aunque no presentaron pruebas.
Los productores de Río Grande, Francisco R. Murguía, mejor conocido como Nieves, y Pinos, afirmaron que su principal preocupación es la demora en la expedición de constancias por parte del RAN, lo que impide su inscripción en el programa de Alimentación para el Bienestar, que cerrará el 6 de marzo su ventanilla.
En la manifestación denunciaron retrasos en el registro y reconocimiento de autoridades de los ejidos, al grado que los comisariados terminan sus mandatos sin que el RAN emita las respectivas acreditaciones documentales y eso les permita a ellos expedir constancias a los ejidatarios.
José Guadalupe Rodríguez, comisariado del ejido El Fuerte, en Río Grande, explicó que aunque las asambleas los eligen formalmente como presidente, secretario y tesorero, el reconocimiento oficial no se concreta.
“La asamblea sí nos elige, pero hasta ahí llega todo, no tenemos esa certeza jurídica para poder expedir constancias o realizar trámites”, expresó el campesino, quien expuso que los documentos de la asamblea electiva son enviados a la Procuraduría Agraria (PA) y posteriormente deben llegar al RAN para su acreditación, proceso que, aseguró, puede tardar años o quedar inconcluso.
“Pasaron los tres años de la administración pasada y nunca llegó la acreditación, nosotros ahorita tenemos una credencial que nos dieron en la Procuraduría Agraria, pero no sabemos si eso ya nos acredite formalmente [como comisariado ejidal]”, enfatizó.
SIETE AÑOS SIN RESPUESTA
Un reclamo en el mismo sentido realizó Ismael Castruita Sánchez, comisariado ejidal de Boquilla de Arriba, quien denunció que en ese ejido de Río Grande existen expedientes detenidos desde hace más de siete años.
“Ya tengo los tres años y voy para afuera y no tengo nada que diga que estoy registrado aquí en el RAN, tenemos más de siete años con documentos empantanados”, afirmó.
Durante la protesta, los ejidatarios advirtieron que la falta de constancias impacta directamente en la inscripción al programa Producción para el Bienestar, cuya ventanilla cierra el 6 de marzo.
“Nos dicen que la constancia tarda mínimo 45 días, entonces, ¿de qué nos va a servir si el programa se cierra el día 6?”, cuestionó Guadalupe Rodríguez.
Los productores pidieron que ante la premura, se les otorgue algún documento alterno que acredite su calidad de ejidatarios para no quedar fuera del apoyo federal.
TENSIÓN EN EL ACCESO
La protesta escaló cuando los campesinos intentaron ingresar al edificio para solicitar una audiencia con la representante estatal del RAN, Rita Guadalupe Díaz González; sin embargo, el personal de seguridad cerró las puertas, lo que generó empujones, gritos y golpes en los cristales por parte de los manifestantes.
Fernando Galván Martínez, líder frijolero, exigió la apertura del diálogo. “Nosotros queremos diálogo y acuerdo, pero no nos quieren atender. Este es un gobierno de puertas abiertas y nos están cerrando la puerta”, expresó.
Durante la manifestación, inconformes amagaron con permanecer en el lugar e incluso acudir a instancias federales si no eran atendidos, al grado que también arribaron policías municipales de la capital, ante reportes de altercados recibidos en el 911. Tampoco se les permitió ingresar.
“Si no tenemos esa constancia vamos a quedar fuera del apoyo. No es justo después de todo el sacrificio que hacemos para venir desde lejos”, advirtió Galván Martínez.
EXIGEN TRATO DIGNO Y DENUNCIAN CORRUPCIÓN
Otro de los reclamos fue la supuesta limitación en la entrega de fichas diarias y el trato del personal de vigilancia. “Hay compañeros que vienen desde las 3 o 4 de la mañana y no alcanzan ficha, eso se llama maltrato al ciudadano”, acusó el líder frijolero.
Una productora que participó en la protesta reclamó que al día “atienden a 10 personas, y miren toda la gente que está esperando, no los atienden y los tratan mal, somos humanos y tenemos derecho a un servicio digno”.
En la manifestación hubo señalamientos de presuntos actos de corrupción por parte de la representante estatal del RAN, pues mencionaron que realiza cobros por los trámites y servicios, pero no mostraron pruebas.
Los manifestantes también solicitaron que se establezcan estrategias para descentralizar la atención y evitar traslados largos en un contexto de inseguridad en algunas regiones del estado.
Tras varios minutos de tensión y de llamadas telefónicas al diputado federal José Narro Céspedes, la representante estatal del RAN, Rita Guadalupe Díaz González, salió a exigir que se liberaran los accesos a las oficinas, al argumentar que “al interior había adultos mayores asustados”.
La funcionaria federal dijo a los reporteros que no tenía la autorización para brindar declaraciones y que cualquier explicación a los campesinos se realizaría a través de una mesa de negociación.
Así, una comisión de ejidatarios ingresó a las oficinas para sentarse en una mesa de diálogo con Díaz González y autoridades de la Procuraduría Agraria, a fin de revisar los expedientes pendientes y encontrar una solución antes del cierre del programa federal.
Afuera del edificio, los productores advirtieron que mantendrían la presión hasta obtener respuestas favorables, mientras que otros usuarios del RAN expresaban quejas parecidas a las de los manifestantes.