ZACATECAS. “La impunidad que sigue prevaleciendo en nuestro país agregado a la eliminación de órganos autónomos, la cuestionable elección del Poder Judicial, así como las reformas que han significado retrocesos en acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas, han impactado negativamente la percepción de México a nivel internacional”, afirmó Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y protección de datos personales.
Agregó que en la reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, que Transparencia Internacional dio a conocer hace dos días, México descendió al lugar 141 a nivel mundial del 140 que ocupaba hace un año, profundizando una tendencia de estancamiento y deterioro en la percepción internacional sobre el combate a la corrupción.
Explicó que desde 1995, las mediciones de Transparencia Internacional han sido una herramienta clave para evaluar cómo los ciudadanos y especialistas perciben la integridad de las instituciones públicas. En aquel año, México ocupaba el lugar 32. Para 2011 ya había caído hasta el lugar 100, y desde entonces la tendencia no ha logrado revertirse de manera sostenida.
“Los índices no solo miden estadísticas; reflejan confianza. Y la confianza institucional se construye con contrapesos, con autonomía y con reglas claras. Cuando esos elementos se debilitan, la percepción también lo hace”, señaló Del Río Venegas.
El contraste es evidente. Dinamarca, junto con otros países europeos, continúa encabezando el índice como el país con menor percepción de corrupción. La diferencia, sostuvo, radica en la fortaleza de sus instituciones, la independencia de sus órganos de control y la estabilidad de sus sistemas de rendición de cuentas.
“Hace dos años, el propio IPC advertía que México debía fortalecer los mecanismos de fiscalización, los sistemas anticorrupción y los órganos garantes de transparencia. Sin embargo, en lugar de atender esas recomendaciones, el país avanzó en sentido contrario” mencionó.
Explicó que la desaparición de órganos autónomos en materia de transparencia, los vacíos normativos derivados de las transiciones institucionales en los estados, la eliminación o restricción de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de claridad sobre qué autoridad asume plenamente la protección de datos personales, han generado incertidumbre jurídica y debilitamiento institucional.
“Hoy existe un vacío en la garantía efectiva del derecho de acceso a la información y en la protección de datos personales. Cuando no hay claridad sobre quién vigila, quién fiscaliza y quién resuelve, el mensaje hacia dentro y hacia fuera del país es de fragilidad institucional”, advirtió.
Del Río subrayó que la percepción internacional no es un asunto menor: impacta la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y socios comerciales, además de influir en la imagen democrática del país.
“El combate a la corrupción no se sostiene con discursos, sino con instituciones fuertes. La credibilidad se gana con transparencia, autonomía y rendición de cuentas. Si debilitamos los contrapesos, debilitamos también nuestra posición ante el mundo”, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado a reconstruir un sistema sólido de transparencia y fiscalización que devuelva certeza jurídica y confianza ciudadana. “México aún puede corregir el rumbo. Pero ello exige reconocer que la transparencia no es un obstáculo para el poder, sino una garantía para la democracia”, finalizó.
