VILLA GONZÁLEZ ORTEGA. La alcaldesa María Magdalena Alvarado García fue señalada por amenazar al síndico J. Isabel González Reyes, luego de que él se negara a firmar la contratación del asesor jurídico Luis Fernando Cisneros Godina, quien es acusado por trabajadores municipales por atrasos en sus salarios. Además, al síndico le han retenido 10 quincenas, más la acumulada de este mes.
La regidora panista Elizabeth Mauricio recordó que, en la sesión de Cabildo del 30 de enero, González Reyes se negó a signar el documento tras mencionar el proceder del asesor jurídico, ante lo cual la alcaldesa lo amenazó verbalmente diciendo “aténgase a las consecuencias”.
Al ser cuestionada al respecto, Alvarado García se rió de lo mencionado y negó el comentario, argumentando que ella así hablaba. No obstante, después aceptó que sí hizo esa amenaza, mientras la regidora panista grababa la sesión en vivo.
Tras ello, Elizabeth Mauricio enfatizó que “la presidenta admite que lo amenazó [al síndico], pero el problema no es solo ése, sino también el trato que se le da”, pues el funcionario reveló que se le ha retenido su salario.
De la misma forma, dijo, a ella le suspendieron su dieta por ser quien denuncia las inconsistencias al interior de la administración, al asegurar que muchos regidores del Cabildo ni siquiera saben por qué están ahí.
SEÑALAMIENTOS
Este lunes, trabajadores sindicalizados y eventuales tomaron la alcaldía para exigir el pago de cinco quincenas atrasadas, asimismo revelaron que enfrentan malos tratos por parte del asesor de la alcaldesa, y del tesorero municipal, Fernando Cisneros Godina, quienes son padre e hijo.
Los empleados denunciaron también que María Alvarado fue “puesta” como alcaldesa por Verónica Díaz Robles, actual legisladora federal, y que la funcionaria solo acude a su oficina “o se deja ver” cuando la legisladora hace visitas, ya que ella es de Trancoso.
“SOLO SIRVEN PARA COBRAR”
Elizabeth Mauricio expuso que el asesor señalado gana 50 mil pesos, pese a que la administración enfrenta un total de 16 demandas laborales por las cuales se tendrán que pagar 1.5 millones de pesos, porque no se les dio el cauce legal necesario. Por ello, acusó que el asesor “nada más sirve para cobrar”.
En tanto, el síndico aseguró que desconoce si las personas de dichos casos fueron despedidas o si hubo otras circunstancias, ya que solo fue citado al Centro de Conciliación para hacer los convenios de pago, en los cuales de entrada se solicitan alrededor de 600 mil pesos.
Lo anterior, aseveró, es parte de los asuntos que corresponden al asesor y al tesorero municipal, quienes debieron revisar los lados. Sin embargo, actualmente “ya no hay un juicio; la autoridad simplemente determina el requerimiento de pago y se [advierte] que se irá a retención de participaciones”.
EXIGE RESULTADOS
Tras lo expuesto, la regidora panista dio a conocer durante la sesión que “ésa es la clase de funcionarios que se tienen en la administración”.
Además, sostuvo que, si bien se requieren personas de confianza, es necesario que den resultados. “Aquellos que no los dan, son gente que no da el ancho, pero cuando se hace la observación, los enemigos somos nosotros. […] Y en eso caemos en irresponsabilidad, como el tesorero llevando los problemas al Municipio”.
Reclamó que se tiene a un asesor que actualmente cobra 40 mil pesos, “pero el inoperante que se la pasa violentando derechos; para esto, si los regidores vienen a parar nada más el dedo, también es corrupción asumir un cargo quien no está preparado”.