VETAGRANDE. Con el fin de evitar que se hiciera efectiva la inhabilitación del alcalde de Vetagrande, Juan Antonio Herrera Morúa, las autoridades municipales promovieron un amparo, pero no procedió, y ahora interpusieron recursos de queja en contra de esta última resolución.
“Son dos recursos: uno lo interpone la síndica [Leticia Campos Alvarado] y otro lo interpone el Municipio.
“Uno entra al Primer Tribunal Colegiado y el otro al Segundo, y estamos en espera de que nos hagan saber si se admite o no el recurso de queja. Estamos parados ahí”, reveló Yadira Torres Muhech, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
En tanto, reveló que la semana pasada ya se hizo un requerimiento a ambas instituciones para que se les informe el estado procesal de ambos recursos de queja.
“Si se admite el recurso, pues obviamente cambian las circunstancias. Tendremos que esperar a la resolución para ver si se les concede o no el amparo”, explicó.
Explicó que, si se determina la no admisión de los recursos de queja, el Tribunal de Justicia Administrativa tomará las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de inhabilitación de Herrera Morúa.
EL CASO
Desde agosto, el Cabildo de Vetagrande pidió una prórroga para ejecutar la inhabilitación por 10 años de Herrera Morúa, debido a un desvío de recursos que se le observó en un periodo anterior como presidente municipal.
Sin embargo, las autoridades del ayuntamiento insistieron en continuar con recursos legales para que el alcalde se mantenga en funciones.
Por su parte, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa reconoció que no hay un tiempo estimado para que se resuelva este proceso.
EN JUEGO, 139 EXPEDIENTES
Yadira Torres reveló que actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa tiene 139 expedientes de responsabilidades en este tema. Dichos expedientes, dijo, están en etapa de alegatos y desahogo de pruebas, que pudieran derivar en una inhabilitación, suspensión e indemnización en caso de que se compruebe la falta.
Puntualizó que de los 139 expedientes uno ingresó en el presente año. Entre las inhabilitaciones más recientes está la del regidor de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, por siete meses, debido a que durante su gestión como alcalde compró boletos de avión a una empresa con la que tiene lazos familiares.