La realidad de la educación superior en México
Desde hace ya algunos años se ha escuchado hablar de la gratuidad de la educación superior. Esta premisa parte de la educación como un derecho, que en México está consagrado en el artículo 3º constitucional.
El derecho a la educación en nuestro país parte de la obligación del Estado mexicano de proporcionar educación gratuita en todos los niveles educativos, pero también de que se elevaron a rango obligatorio los niveles de educación primaria, secundaria y preparatoria, incrementando con ello el compromiso del Estado de mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional de forma tal que se pudiera dar complimiento a esa obligación.
El elevar a rango constitucional la gratuidad de la educación superior no implica que de forma automática las universidades públicas dejen de cobrar a las y los estudiantes las diversas cuotas y servicios que proveen las instituciones, sino que también debería implicar un compromiso real del Estado de incrementar los recursos económicos con los que cuentan las instituciones públicas de educación superior para poder lograr que la educación superior sea verdaderamente gratuita.
Sin embargo, vemos como la premisa jurídica está muy lejos de la realidad. En nuestro país, la mayoría de las universidades públicas adquieren ingresos a través de las cuotas de inscripción y otros servicios como constancias, Kardex, certificados, títulos, entre otra emisión de documentos que se cobran de manera regular a las y los estudiantes, puesto que los recursos que se obtienen por la vía del presupuesto federal y estatal resulta insuficiente para cubrir los gastos de operación, salarios y prestaciones del personal académico y administrativo, por lo que dejar de cobrar esas cuotas implicaría poner en riesgo la viabilidad financiera de las instituciones o sacrificar matrícula, obligando a las y los jóvenes a buscar educación superior en instituciones privadas.
Pero cuando las universidades públicas solicitan mayor cantidad de recursos a la Federación o al gobierno estatal, se topan con políticas educativas que son, en algunos casos, exigencias mínimas de transparencia y mejor uso de los recursos – acción que si depende directamente de quienes administran las universidades públicas y, que dicho sea de paso, las instituciones no cumplen-, y en otras ocasiones, políticas donde la aportación del gobierno del estado debe incrementarse para llegar a una aportación de 50 – 50 en el gasto de la universidad, lo que no dependen directamente de la administración de la institución, sino de la voluntad de gobierno estatal y gobierno federal.
El caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas no es la excepción, ya se ha vuelto una noticia recurrente que el fin de año es complicado para la administración central por no contar con los recursos suficientes para cubrir las prestaciones, lo que lleva a solicitar apoyo extraordinario tanto al gobierno federal como estatal, se condiciona el otorgamiento de dichos recursos a una verdadera política de austeridad, que lamentablemente en la UAZ no se ha implementado de manera adecuada, es más, ni siquiera se ha diseñado esa estrategia de austeridad, se sigue gastando más dinero en funcionarios que en laboratorios, se paga una burocracia dorada, pero al personal académico se le tiene precarizado.
También se pide que se eliminen prestaciones de los contratos colectivos, lo que llevaría a precarizar aún más al personal académico de la institución.
Pero tampoco existe voluntad ni de gobierno federal ni de gobierno estatal para mejorar el presupuesto de la institución, por varios años ya se ha incumplido el incremento presupuestal en aras de llegar al 50 – 50 y en 2025, por primera vez en muchos años, no hubo apoyo extraordinario para cerrar el año y el pago de prestaciones.
Los problemas de la institución tienen una parte de problema interno: hay excesiva burocracia y recursos mal administrados; pero otra parte se ha ido acrecentando por políticas educativas a nivel federal y estatal que no permiten sanear las finanzas de la institución.