CDMX. La FGR promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado se quede con mil 595 millones de pesos, unos 87 millones de dólares, por sospechas de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De 2019 a 2024, la FGR consiguió el equivalente a 572 millones de pesos por procesos de extinción de dominio, de acuerdo con un informe presentado en enero de este año, por lo que el monto del caso contra el CJNG sería el triple de lo obtenido con base en esa figura jurídica de todo el sexenio anterior.
La FGR promueve rutinariamente este recurso para quedarse incluso con 200 o 300 mil pesos.
La demanda fue promovida el 4 de noviembre contra dos empresas de Jalisco, Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules, así como cinco personas físicas, entre ellas, Oscar Antonio Álvarez González.
El 11 de septiembre, Álvarez González fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) proveniente de Barcelona, por delincuencia organizada y por lavar dinero de los jefes del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», y Abraham Oseguera Cervantes, «Don Rodo», en un esquema de compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero.
Además de Álvarez González, la extinción fue promovida contra Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián, de quienes no hay referencias públicas sobre vínculos con el CJNG.
Previo a la demanda de extinción, la FGR había solicitado en abril a otro un juez el aseguramiento del dinero, y desde entonces, los afectados promovieron amparos para defender sus cuentas, todas en el banco HSBC, salvo la de Álvarez González, abierta en Actinver.
Corona Vizcaíno, residente de Ciudad Guzmán, fue director de Tequilera El Triángulo, con sede en Sayula, Jalisco, una maquiladora que puede producir hasta 100 mil litros diarios de tequila.
Por su parte, según registros judiciales, Corona Orozco fue incluido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su lista de personas bloqueadas el 6 septiembre de 2024, «derivado de los avisos y reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes».
El 23 de agosto de ese año, la UIF había presentado denuncia penal por lavado contra Corona Orozco y otras personas ante la FGR.
Corona logró una suspensión contra el bloqueo de la UIF, pero el aseguramiento judicial de las cuentas es una medida distinta. Actualmente, las personas afectadas litigan amparos, pero las suspensiones que algunos han obtenido, solo les permiten acceder a fondos adicionales a los demandados por la FGR.
La extinción es un juicio civil que no requiere una sentencia penal por algún delito para que el dinero sea incautado en favor del gobierno.
Por su monto, el caso es comparable con el del traficante de precursores químicos Zhenli Ye Gon, al que le fueron decomisados 206 millones de dólares y 17 millones de pesos en efectivo en una mansión de Las Lomas en 2007.
Dicho aseguramiento fue equivalente a 2 mil 238 millones de pesos. En esa época no existía la extinción de dominio, por lo que fue necesario un proceso penal para decretar el decomiso del dinero, que se distribuyó entre la entonces PGR, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud.