Según datos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el año pasado se lograron un par de sentencias condenatorias, y en 2023 solo una; sin embargo, el presupuesto asignado para este organismo va a la baja.
Hasta la primera mitad de este año, el área especializada, a cargo de Salvador Villa Almaraz, no reportó ninguna sentencia condenatoria.
En cuanto a investigaciones iniciadas, de 2023 al año pasado aumentaron de 144 a 226, mientras que las carpetas judicializadas pasaron de 12 a 28, en el mismo periodo, según datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
El presupuesto para la Fiscalía Anticorrupción ha ido a la baja, pues pasó de los 10.8 millones de pesos etiquetados en 2023, a 8.1 millones el año pasado y para 2025 fueron 7.8 millones.
El área anticorrupción no tiene autonomía presupuestaría, por lo que la asignación de recursos se definirá del monto destinado a la FGJE, que para el próximo año es de 899.6 millones de pesos.
En el último presupuesto, la FGJE advirtió sobre la necesidad de incrementos “por la creación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, Extorsión y Delitos de Alto Impacto, y la Dirección General de Análisis, Estadística, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, áreas que requieren equipamiento específico para cumplir con sus objetivos”.
DATOS CLASIFICADOS
El fiscal anticorrupción Salvador Villa, quien también es presidente del Comité de Transparencia de la FGJE, ha clasificado información referente a su trabajo, como los avances en las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Miguel Alonso Reyes.
En el acuerdo CTFGJEZ/UT/009/2025 se determinó reservar datos del caso, como la fecha en que prescribirán los presuntos delitos de los que acusan al priísta, con el argumento de no afectar los derechos en el debido proceso.
Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional Contra la Corrupción. La declaratoria se hizo en octubre del 2003 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocó a Zacatecas en la posición 20 a nivel nacional en las denuncias recibidas por el incumplimiento de obligaciones de servidores públicos tanto de la administración pública estatal como federal.
La entidad reportó 730 denuncias durante 2024, colocándose solo por debajo de Chiapas, que registró 819, y por encima de Tlaxcala, con 657; sin embargo, la mayoría de los reportes fueron improcedentes.