FRESNILLO. Maestros estatales tomaron este viernes las instalaciones de la Dirección Regional 2 Estatal y Federal de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), en Fresnillo, en solidaridad con el docente Moisés Antonio Garay Rosales, director de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, quien fue sancionado tras una denuncia de padres de familia por presuntos malos manejos económicos.
De acuerdo con los profesores de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el docente señalado recibió un dictamen del órgano jurídico de la SEZ pese a haber presentado pruebas en su defensa que, dijeron, no fueron valoradas de manera adecuada por la secretaría.
Expusieron que el caso del maestro Garay se divide en dos acciones: la primera, de apoyo directo al docente sancionado; y la segunda, de reclamo generalizado por los resolutivos que la SEZ ha emitido recientemente contra éste y otros docentes, a quienes, afirmaron, “manchan la reputación laboral” para responder a presiones externas, particularmente de algunos grupos de padres de familia.
Durante el bloqueo, el líder sindical, Marcelino Rodarte Hernández, afirmó ante los docentes que el caso del maestro Garay evidencia fallas profundas en los protocolos de convivencia escolar y en la manera en que la secretaría aplica los procedimientos de conciliación. Resaltó que en diversos municipios se observan conflictos similares, sin una revisión de fondo por parte de la autoridad educativa.
“El seguimiento legal no fue justo; el proceso se desvió y hoy el magisterio se solidariza porque no hay pruebas que sustenten la sanción”, señaló Rodarte Hernández, quien precisó que el docente fue sancionado con el retiro parcial sin goce de sueldo por 10 días, situación que ya afectó la economía familiar de Garay Rosales.
Los profesores enfatizaron que el comité ejecutivo de la Sección 58 no se opone a que se sancione a quienes incurran en faltas, siempre y cuando se respete el debido proceso y se realicen investigaciones imparciales. “Lo alarmante es que la SEZ está cediendo ante presiones que buscan la remoción arbitraria de personal, sin elementos jurídicos válidos”.
