CIUDAD DE MÉXICO. El operador financiero Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado en México por lavado de dinero, solicitó asilo en Estados Unidos, argumentando que es un perseguido político.
Álvarez Puga presentó su petición formal de asilo el 11 de julio de 2022, casi un año después de que un juez federal ordenó su aprehensión y la de su esposa, Inés Gómez Mont, por su presunta participación en un esquema para desviar fondos de contratos para construcción de cárceles, del que habrían recibido 17 millones de pesos.
«En su solicitud, Álvarez Puga detalló la persecución que él y su familia enfrenta en México, por sus convicciones políticas conservadoras, y mencionó que tienen miedo de regresar a México, debido a sus opiniones políticas y pertenencia a un grupo político particular», se lee en una resolución dictada el pasado 15 de octubre por la Corte para el Distrito Sur de Florida.
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (ICE) nunca entrevistó a Álvarez Puga para dar seguimiento a su solicitud, que no ha sido resuelta.
El pasado 24 de septiembre, agentes migratorios lo detuvieron e internaron en el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, donde la pareja ha tenido varias propiedades de lujo.
El 2 de octubre, Álvarez Puga promovió ante la Corte una demanda de habeas corpus, una figura similar al amparo en México, para pedir su liberación.
En ese expediente, se detalla que Álvarez entró a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021, salió a las Bahamas por avión el 9 de julio de 2021, y regresó a Estados Unidos al día siguiente, pero en un barco. Faltaban tres días para el vencimiento del plazo de seis meses de estancia que permite la vista.
Cuando reingresó por barco, ningún oficial migratorio revisó la visa de Álvarez Puga, quien ha permanecido desde entonces en Estados Unidos.
El hecho de haber ingresado al país sin haber pasado por un punto de inspección migratoria, fue el fundamento legal del ICE, cuatro años después, para ordenar su arresto.
Litiga «amparo»
El pasado 15 de octubre, la jueza federal Cecilia Altonaga resolvió parcialmente a favor de Álvarez Puga en su demanda contra el ICE.
Altonaga determinó que el ciudadano mexicano tenía derecho a una audiencia ante un juez migratorio para resolver si puede llevar su proceso en libertad bajo fianza, lo cual le había sido negado desde que fue detenido.
Otras peticiones de Álvarez Puga, sin embargo, no fueron atendidas, entre ellas, ordenar directamente al ICE su libertad y que no se le traslade a otro distrito fuera del sur de Florida.
Los jueces migratorios, que no son parte del Poder Judicial, sino del Departamento de Justicia, no publican sus audiencias y resoluciones, pero todo indica que la fianza fue negada a Álvarez Puga, pues hasta este lunes sigue apareciendo bajo custodia del ICE en Krome North.
El Gobierno de México puede solicitar la detención de Álvarez Puga con fines de extradición, lo que podría provocar que se le traslade a una cárcel federal.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma