FRESNILLO. Integrantes de la Asociación de Usuarios de la Presa Leobardo Reynoso registraron en el último mes al menos 10 robos de transformadores y cableado en los pozos de riego, lo que ha ocasionado pérdidas económicas que superan los 4 millones de pesos
Daniel Torres Mercado, presidente de la asociación, explicó que los saqueos se han convertido en un problema recurrente que podría afectar a más de 4 mil hectáreas de cultivo de riego de la zona, integrada por las localidades Leobardo Reynoso, El Salto, Torreón de los Pastores, Carrillo, Eréndira, Plenitud, Tapias de Santa Cruz, entre otras más.
Actualmente, la temporada de lluvias ha permitido que los cultivos se mantengan sin riego artificial, lo que ha mitigado temporalmente el impacto de los robos. Sin embargo, advirtió que, una vez que cesen las precipitaciones, los agricultores enfrentarán un panorama crítico si no logran sustituir los transformadores y cables robados.
“Se llevan piezas que a ellos les dejan 5 o 6 mil pesos, pero a nosotros nos causan un daño que cuesta más de 150 mil pesos por transformador, sin contar las maniobras para instalarlo nuevamente”, expuso.
En ese sentido, puntualizó que la agricultura depende de la infraestructura eléctrica instalada en los pozos, y sin ella, el trabajo de los productores queda paralizado.
DAÑOS IRREPARABLES
De acuerdo con la asociación, los equipos robados o vandalizados no pueden ser reparados debido a la magnitud del daño. En algunos casos, los transformadores quedan inservibles, lo que obliga a los agricultores a comprarlos por casi 500 mil pesos por pozo, incluyendo la instalación y los componentes necesarios para su funcionamiento.
Además de los transformadores, los responsables se han llevado líneas completas de cableado de cobre de los postes y de las bombas de los pozos.
“Se llevan todo el cableado, que es grueso, casi de tres cuartos de pulgada, forrado en plástico. Eso también es muy costoso para reemplazarlo”, detalló Torres Mercado.
FALTA DE VIGILANCIA EN LOCALIDADES
El presidente de la asociación aseguró que la problemática se agrava por la ausencia de rondines policiacos en las zonas donde se ubican los pozos.
“Los delincuentes se mueven como en su casa. Saben de electricidad y conocen cómo trabajar con los transformadores. Llegan, hacen el daño y se van sin que nadie los detenga. El vehículo siempre lo dejan en un camino transitable y así evitan ser descubiertos”, explicó.
Expuso que, en el mejor de los casos, llegan a ver alguna patrulla una o dos veces por semana, pero en muchas ocasiones pasan hasta quince días sin que una haga rondines por la zona.
Esta situación, dijo, mantiene indefensos a los productores que dependen de los equipos para el riego de sus cultivos.
SIN DENUNCIAS NI APOYOS
A pesar de la magnitud de las pérdidas, Torres Mercado reconoció que los afectados no han presentado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), debido a la falta de confianza en que los casos sean resueltos.
“Son pérdidas que tendremos que volver a asumir nosotros, porque no hay apoyos ni programas estatales o federales que nos respalden para reponer estos equipos”, señaló.
UNA PROPUESTA
El dirigente de la asociación sugirió al gobierno municipal que se regule la compra y venta de cobre en los centros de reciclaje a través de la dirección de Servicios Regulatorios y Recaudatorios, pues ello podría ser una forma de frenar el robo de transformadores.
Planteó que se exija una identificación oficial a todas las personas que acudan a vender este tipo de material, lo que permitiría rastrear a quienes se dedican a comercializar objetos robados.
“Es muy fácil llegar con quienes nos hacen daño. Si los compradores de cobre pidieran una identificación a quien lleve el material, de ahí podría saberse quiénes están detrás de los robos. Es un problema que afecta a todos los usuarios de la zona y que necesita controlarse”, enfatizó.
Ante ello, hizo un llamado a las autoridades de seguridad y de los tres órdenes de gobierno para que atiendan la problemática y brinden apoyo a los campesinos. “Ojalá llegue a haber algún programa de apoyo o un operativo real de vigilancia en los caminos rurales. No pedimos otra cosa más que seguridad para poder seguir trabajando”, concluyó.