CIUDAD DE MÉXICO. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora morenista Layda Sansores, por considerar que expresiones emitidas en su programa de análisis en una estación fueron vertidas en un contexto de violencia política en razón de género.
«Se ofrece una disculpa a la gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones que emití en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática», dijeron los actores sancionados en videos publicados en la plataforma «La Barra Noticias».
Aunque en su momento apelaron la sentencia sobre las disculpas que ordenó el TEEC, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, confirmó esta resolución, por lo cual los periodistas tuvieron que acatar la sentencia.
La mordaza a la plataforma y los periodistas ocurre en medio de una serie de acciones legales que, de acuerdo con periodistas locales, buscan contener señalamientos críticos contra Sansores.
El 1 de agosto una juez ordenó al reportero Jorge González Valdez y al periódico Tribuna abstenerse de hacer cualquier referencia a la gobernadora.
Incluso instruyeron al Tribunal Superior de Justicia del Estado designar a un «censor» que revise previamente publicaciones y comentarios del medio y del periodista.
La jueza decidió que un «interventor» del Tribunal Superior de Justicia de Campeche será el que revise, y apruebe o rechace, todos los contenidos del medio digital Tribuna antes de que éste los publique, lo que bloquearía las críticas a la Gobernadora morenista Layda Sansores.
Para medios de comunicación de Campeche es algo inédito, ya que casos similares en los que se utiliza la figura de interventor son para instituciones financieras con investigaciones por sospecha de delito o en procesos de concursos mercantiles.
Con esta medida, el diario digital no podrá publicar ningún contenido en su página o redes sociales sin que antes sea avalado por el «censor judicial» que le impuso la jueza, tras ser denunciado por «incitación al odio» por Sansores.
Aunque el medio intentó revocar la medida cautelar impuesta el 15 de julio, Edelmira Cervera, jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial de la entidad, ratificó estas acciones y dio un plazo de 48 horas a la empresa editora para que proporcione el nombre y datos de sus redes sociales, con el propósito de someter sus publicaciones a esta revisión.
También convalidó la prohibición al periodista Jorge Luis González Valdez de mencionar a la Gobernadora.