LA URGENCIA DE INVERSIONES
Víboras de la gobernanza argumentan que en la pérdida de más de 6 mil empleos formales en Zacatecas durante un año hay varios factores, como las amenazas de Donald Trump de poner aranceles a productos mexicanos, la guerra de Rusia contra Ucrania y otras desgracias a nivel mundial. Y con el nuevo amago que lanzó el republicano de imponer tarifas de 30 por ciento, otra vez se ven temblar las inversiones, advierten los industriales. En el sector esperan resultados de las propuestas del secretario de Economía, Jorge Miranda, de sacar del bache inversiones mineras. Para ello, lo que se necesita es que se destraben los permisos de la Federación, a la que ya se le han hecho llamados de auxilio. ¿Por fin, tendrá la 4T algo de amor para pagar a Zacatecas?
EN EL EXILIO
El escenario de crisis, sumado a temas políticos, generó un exilio de funcionarios. Entre los tellistas, el propio ex gobernador Alejandro Tello se fue a Querétaro. Lupita López y Francisco Ibarguengoytia, ex titulares de Seduvot y Obras Públicas, se acomodaron como funcionarios de Samuel García, en Nuevo León; Víctor Rentería, Gaby Rodríguez, y Gustavo Uribe, quienes mandaban en la jefatura de oficina, Función Pública y Secampo, viven ya en Aguascalientes; Valente Cabrera, ex comisionado de Víctimas, prefirió Estados Unidos “porque aquí no hay chamba”. Otros más se han ido por motivos políticos, económicos o ambos.
INHABILITADO, PERO PENSIONADO
Al profe Arturo Gutiérrez, quien fuera subdirector Administrativo en la Normal Ávila Camacho en el sexenio de Miguel Alonso, ya no debe preocuparle mucho la inhabilitación que le aplicaron por 10 años y que confirmó el Tribunal de Justicia Administrativa. Sancionado por peculado y responsable solidario para resarcir 168 mil pesos, Gutiérrez no tardó en tramitar su pensión ante el Issstezac, y el director del instituto, Nacho Sánchez, tuvo que comenzar a pagarle cerca de 27 mil pesos mensuales. El castigo para Arturo vence por ahí de 2031, pero eso ya no le importa al ex funcionario, mientras siga cobrando.
DESACATO DE ERNESTO
Para la ex subsecretaria de Responsabilidades, Sonia González, no es ninguna disculpa la que publicó el titular de la Función Pública, Ernesto González, pese a que la juez María Vizcaya le ordenó hacerlo. Supuestamente lo que le dolió a Ernesto es que la juez, en el juicio de amparo 249/2025, es que la publicación en la que vinculaban a Sonia “N” con un acto de corrupción “no es veraz, objetiva e imparcial”. También se dice que el ataque de Ernesto vendría relacionado con la reinstalación de Sonia como consejera en la CDHEZ en febrero de este año. El secretario ya no quiso moverle a la sentencia que dictó Vizcaya, pero se sabe que la exfuncionaria sí interpondrá un proceso, por lo que a Ernesto se le podría atribuir… ¡desacato!
¡CONGELADO!
Con la ley del hielo tienen sufriendo al subsecretario de Educación Básica, Alfredo Sánchez. Ya ni siquiera lo convocan a las juntas oficiales con la secretaria Gabriela Pinedo, mucho menos lo van a andar invitando a reuniones sociales. El pasado viernes, se fueron al juego de Mineros Gaby; el subsecretario Académico, Armando Delgadillo; el director de CECYTEZ, Julio Ortiz; el encargado de Media Superior, Toño Reyes, y nadie se acordó ni extrañó a Alfredo. Mejor invitaron al líder sindical del CECYTEZ, Lucio Mendoza, antes que a su compañero funcionario. Por eso en el nido de serpientes de la dependencia anticipan que a Sánchez le queda muy poco tiempo en cargo. Ya lo destituyeron, dicen, solo que no le han avisado.
IMPUGNA ÓSCAR
El ex candidato a juez federal, Óscar Campos, espera la resolución a la impugnación que interpuso, ante la anulación de su triunfo por paridad de género. Por ser un tema sensible, ha preferido no dar declaraciones por lo pronto. Su lugar se lo dieron a Blanca Teresa Rodríguez y, por eso, las lenguas bífidas advierten que el asunto también se podría cruzar con la impugnación que interpuso Mara Muñoz. En un determinado escenario, podrían subir Mara y Óscar, y bajar a Blanca Teresa y Jorge Eduardo Marín, quien fue electo como juez penal federal.