MADRID. El Gobierno de Venezuela ha rechazado «de forma categórica» la nueva alerta de viaje emitida este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que advierte de un «extremo peligro para ciudadanos estadounidenses viviendo en o visitando» el país latinoamericano.
Las autoridades venezolanas han calificado la advertencia como «un acto hostil, cargado de cinismo, racismo y propaganda política, que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra nuestro país», según refleja un comunicado en el portal del Ministerio de Exteriores.
La cartera ministerial dirigida por Yv·n Gil ha calificado así de «acusaciones infundadas» las advertencias de Estados Unidos a sus ciudadanos, que en la página web del Departamento de Estado señala «el alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructuras sanitarias deficientes».
«Esta alerta no busca proteger a nadie», denuncia Caracas al considerar que se trata de «una herramienta de guerra psicológica y desinformación». «Venezuela es un país de paz», ha asegurado el Gobierno de Nicolás Maduro invitando a visitantes.
El Ejecutivo venezolano ha recordado en su nota que «es el propio Gobierno estadounidense quien secuestra, encarcela y desaparece a migrantes, incluidos niños venezolanos como Maikelys Antonella Espinoza Bernal (…) con el claro objetivo de utilizarla como rehén política en favor de la ultraderecha venezolana».
A finales de abril, el Gobierno de Venezuela denuncia que las autoridades estadounidenses habían separado a la niña de dos años de su madre cuando esta fue embarcada en un vuelo de repatriación hacia territorio venezolano, dejando a la menor en suelo estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondió entonces a las acusaciones, alegando que los padres formaban parte de la banda criminal ‘Tren de Aragua’ y que, por su seguridad, la menor había sido retirada del vuelo de deportación y puesta bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, tras lo que se la asignó a una familia de acogida.