MÉXICO. El INE intensificará la investigación contra el consejero de Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón, por acoso sexual a una empleada del Instituto Electoral local.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del organismo determinó que las pruebas de la denunciante eran contradictorias.
«(Se) determina infundado el presente procedimiento, dado que se garantizó la equidad procesal con la reversión de la carga de la prueba, las pruebas objetivas contradijeron la versión de la denunciante, la denunciante no presentó pruebas adicionales que sustentaran su acusación y la duda razonable impide determinar responsabilidad y aplicar sanción», propuso el miércoles la Unidad al Consejo.
Sin embargo, por siete votos contra cuatro esa resolución se rechazó, y se ordenó a la Unidad realizar más dirigencias y presentar un nuevo acuerdo.
Las consejeras afirmaron que no se estaba juzgando con perspectiva de género, y se estaban demeritando las pruebas presentadas por la denunciante.
Además, acusaron, les dieron un peso relevante a los testigos, pero estos son asesores del consejero.
«La resolución no garantiza a la víctima el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia reconocido en diversos instrumentos internacionales. Mi voto en contra de este proyecto lamentando la falta de seriedad, su pobreza argumentativa, su aparato silogístico deficiente y, por supuesto, la falta de perspectiva de género y la reversión de la carga de la prueba en los casos de violencia política contra las mujeres», aseguró la consejera Carla Humphrey.
Otras tres consejeras coincidieron en las deficiencias de la investigación, y la necesidad de revisar, otra vez, las pruebas, y realizar más dirigencias.
Además, afirmaron, los parámetros con los que juzgó la Unidad son tan cuadrados, que ninguna víctima podría tener la razón.
La consejera Claudia Zavala demandó que la nueva investigación esté lista en menos de dos meses, pues el consejero terminará su encargo.
«Pronto dejará de tener la calidad de consejero y, entonces, implícitamente pues se deniega el acceso a este derecho que se tiene de las personas que se consideran víctimas, a que alguien juzgue, a que alguien revise su caso con esta perspectiva de género, de víctimas, y que sea la autoridad que dé una respuesta oportuna», añadió.