MADRID. El Gobierno de Argentina ha pedido este martes a la Fiscalía del país la detención de una treintena de «barras bravas» –término utilizado en el país en referencia a los hinchas de fútbol– a los que ha acusado de atacar el Congreso durante las protestas del pasado miércoles que habían sido convocadas para reclamar una mejora de las pensiones y que acabaron con la detención de más de un centenar de manifestantes y unos 45 heridos.
«Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras fuerzas (de seguridad) con palos, piedras y armas», ha anunciado la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en su cuenta de la red social X.
El mensaje va acompañado de un vídeo en el que se suceden imágenes de los 29 acusados, fácilmente identificables. «Parece que la violencia de los miles de barras no existiera. Siempre le tiran la culpa a las fuerzas de seguridad», ha dicho posteriormente la ministra.
La titular de la cartera ministerial ha rechazado este mismo martes ante la prensa que los manifestantes violentos sean «infiltrados». «No se lo cree nadie ya en Argentina. Me gustaría que hablen de la violencia de los manifestantes o pseudo-manifestantes que destruyen todo y que destruyen bienes que pagan todos los argentinos», ha declarado.
El Ministerio ha pedido asimismo en su escrito a la Fiscalía el registro de los domicilios de los 29 identificados para obtener más pruebas que permitan determinar su vinculación con organizaciones delictivas.
Las autoridades argentinas demandaron el pasado viernes a los responsables de organizar las protestas en los alrededores del Congreso en la capital, Buenos Aires, «por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática», así como «asociación ilícita agravada».
Unas 120 personas fueron detenidas durante las marchas ocurridas dos días antes, si bien la jueza Karina Andrade ordenó su liberación inmediata, motivo por el que también ha sido denunciada por el Gobierno al acusarla de «prevaricación, incumplimiento de deberes y encubrimiento».