¿Por qué estamos como estamos? 6
En la anterior colaboración, estimado lector de El Diario NTR, finalicé señalando que “(…) los excesos del poder han permitido -e incluso impulsado- una perspectiva totalitaria de acaparar u ocupar los espacios gubernamentales a más no poder, una idea notoriamente utilitarista sin preocupación social: “pongamos al que sea, pero que esté con nosotros”.
Y esa lógica de pensamiento es una de varias que han generado el estado de los asuntos públicos en la actualidad, en la que quienes ocupan los espacios de poder desdeñan a la opinión pública o expresiones ciudadanas, mientras que los actores sociales rechazan tajantemente buscar espacios de gobierno. Un círculo vicioso.”
Y en ese tenor de ideas, cierro esta serie de colaboraciones cuyo origen estuvo vinculado a entender el por qué estados y municipios tenían una situación francamente negativa, que se convertía en algo estructural que limitaba sus posibilidades de instrumentar planes, programas y acciones que fueran a la vanguardia; muy por el contrario, esa situación estructural se tornó en algo negativo que, hasta la fecha, tiene en situaciones francamente preocupantes a los ayuntamientos y a varias entidades del país por problemas financieros, principalmente, que se asocia a un problema de capacidades que incide negativamente.
Desafortunadamente, aún permea en muchos espacios públicos, tanto en gobiernos estatales como en municipales, una costumbre de hacer equipos de gobierno con base en equipos de política partidista o electoral, lo cual no tendría que considerarse necesariamente como algo malo si no fuera por el detalle de que en muchas ocasiones, el criterio político permea para hacer determinados nombramientos en espacios que requieren una preparación eminentemente técnica.
La base para hacer determinados nombramientos en espacios de decisión gubernamental está asociado a la confianza y a la lealtad política con quien resultó la figura de ese grupo o corriente de poder que se hizo de él cargo de elección popular. Aún no hemos podido transitar de la vorágine del triunfo electoral y los nombramientos gubernamentales consecuentes, al análisis serio y efectivo de los personajes adecuados en determinados espacios de política pública, y los procesos alrededor de su gestión.
Hoy estamos como estamos porque aún no descubrimos cómo transitar de un determinado porcentaje máximo de lealtad y mínimo de capacidad de un servidor público, a una exigencia mayor de lealtad, capacidad, eficiencia, profesionalismo, determinación, agilidad, veracidad, y menos política y más administración.
Y en ese orden de ideas, es donde nuevamente resurge la importancia de las áreas de fiscalización, revisión del gasto, ejecución de planes, políticas y programas, y demás. No olvidemos que antes que ser entes que actúen de forma beligerante o a consigna, debe hacerse un espacio claro y definitivo de su misión constitucional, pues como señalé en la primera de estas colaboraciones, la fiscalización “se refiere al ‘proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y beneficios económicos, adecuación programática y endeudamiento en cada uno de los entes de la administración pública’”.
Para vigilar la congruencia, consideraríamos que lo primero es ser congruente. Si el fiscalizador no es fiscalizado, o si el fiscalizador no es transparente, solvente, profesional y capaz, podríamos pensar que difícilmente los trabajos que desarrolle podrían tener un apego completo a la norma y, en ello, tenerse una fuerte separación entre la acción basada en la ley y el beneficio al pueblo.
Como sea, le comparto una conclusión muy a priori de por qué hoy día estamos como estamos en diferentes entidades federativas y municipios, de acuerdo al trabajo que han realizado las áreas fiscalizadoras: su politización y su falta de probidad técnica, así como la cercanía con determinados actores políticos, posiblemente han coincidido en gran medida en que los trabajos que desarrollen como entes fiscalizadores o revisores no tengan una mayor incidencia positiva y, por el contrario, se han convertido en viles solapadores sin escrúpulos y sin principios de una gran y amplia historia de desencuentros, decepciones, errores, fallas, cochupos, malos nombramientos y demás que, sin duda alguna, repercuten negativamente en la vida pública empezando por un recurso limitado: el presupuesto público.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM
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