¿Por qué estamos como estamos? 4
En la anterior colaboración le comenté en el cierre que “en suma, tenemos por un lado que hay cerca de cuatro décadas de marco normativo para la fiscalización de las acciones gubernamentales en cuestión de la aplicación de recursos que se realiza en el estado, lo que debe generar mucha experiencia.
“Por el otro, tenemos que la ley da elementos para que los municipios se regulen y tengan un organismo que ‘fiscalice internamente’, es decir, se pueda ‘controlar’ y, en consecuencia, revisar sus propias acciones. ¿Entonces, qué sucede para que no se hagan las cosas correctamente?”.
Y seguramente usted podrá tener muchas mejores respuestas de las que yo podría ofrecerle en relación con esa pregunta, pero aun así me gustaría compartirle un par de reflexiones.
Un primer punto para considerar es que desafortunadamente los municipios tienen una esencia de durabilidad del gobierno bastante limitada. Eso significa que, entre otras cosas, no alcancen a desarrollar un marco de temporalidad que les permita mayor aprendizaje a los funcionarios en tareas específicas, como la fiscalización.
Un segundo punto para considerar es que, también de manera poco afortunada, los municipios no suelen tener equipos profesionales o servidores públicos capacitados para atender ciertas tareas que implican una mayor especialización por la cantidad de normatividad que hay que considerar, así como los consecuentes procesos que hay que establecer para la ejecución de esta. Si la cabeza no aprende y el equipo no jala parejo, las cosas no funcionan.
Un tercer elemento es que los nombramientos de quienes serán responsables del control o fiscalización de las actividades del ayuntamiento (titulares) está incidido por consideraciones de orden político que se sobreponen a las consideraciones de orden administrativo.
El pago de facturas político electorales es una constante que se traduce en colocar a personajes por “chamba y no por eficiencia”, y ello implica que al no tener habilidades técnicas, pero sí políticas, la función de la fiscalización pervierte su esencia.
Un cuarto punto que no debemos perder de vista es que los equipos de trabajo en esos espacios de los ayuntamientos o los estados son también limitados en cuanto a capacidades y a capital humano, pues el trabajo que tienen no es cualquier cosa, es voluminoso, pesado, constante y con características particulares que dificultan su concreción en plazos pequeños.
Aunado a ello, suelen tener condiciones precarias de trabajo, pues no gozan de un espacio adecuado, no existe el mobiliario ni del equipo suficiente y, por otro lado, tienen recursos limitados para ejercer su función.
Un último punto que dejo en su consideración es el hecho de que la evolución de la responsabilidad pública que tienen deja atrás el mecanismo de funcionamiento que ejercen estas áreas en los municipios. Por ejemplo, en el uso de la tecnología, y en esas áreas de revisión hay mucho atraso.
En este rubro hay un desfase natural entre la manera en que se vienen haciendo las cosas de revisión y fiscalización en los municipios desde hace muchos años, a como deberían realizarse en la actualidad, hoy usando diferentes mecanismos que les permitan agilidad y certeza en el proceso de la información.
El uso de la tecnología redujo la discrecionalidad, pero esta tendencia no aplica en organismos fiscalizadores en muchos estados y municipios.
En conjunto, hay una serie de situaciones que no han permitido que se genere una cultura positiva, tanto en funcionarios como en la ciudadanía, que incida de manera considerable en el desempeño de una tarea pública. Esa cultura es la cultura de la fiscalización.
En tanto los ciudadanos no nos asumamos como parte importante del quehacer público, vamos a dejar de lado cualquier espacio de participación que pueda inhibir el mal desempeño de funcionarios, o bien, que pueda incidir positivamente en que el funcionario se supere constantemente y se apegue a los principios de legalidad y eficiencia en la función pública.
Una consecuencia de esto es que seguiremos teniendo administraciones estatales o municipales que abusen de la norma y cometan errores garrafales (por ignorancia o por dolo), que comprometan el buen funcionamiento de un gobierno por los próximos años y, lo que es peor, es que quienes cometieron errores queden impunes.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM
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