CIUDAD DE MÉXICO. A través de un comunicado, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) calificó como violación a la laicidad del Estado la entrega de llaves de la ciudad a la Virgen de Guadalupe, por parte de la esposa del gobernador y la esposa del presidente municipal el pasado domingo 12 de enero de 2025, en Guadalupe.
Además de que manifestaron su preocupación por la sesión de cabildo con la asistencia de personas funcionarias públicas municipales al interior del Convento.
Indicaron que, a pesar de la tradición laica en México expuesta en los artículos 40 y 130 constitucionales que reconocen la división de competencias entre las iglesias y el Estado, afirmaron que existe una constante injerencia religiosa en el ámbito político, tanto por parte de personas funcionarias públicas que favorecen algunas iglesias o confesiones, como por las jerarquías religiosas que pretenden imponer una agenda política.
El comunicado resalta que, además de vulnerarse lo estipulado en la Constitución Política federal, se infringen el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, respecto a que no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Así como el artículo 7 de la Constitución Política de Zacatecas, que adopta la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular.
CDD sostuvo que, a partir del monitoreo de violaciones a la laicidad del Estado que realiza, identificaron que los casos con mayor recurrencia corresponden al proselitismo político de ministros de culto a favor de partidos políticos y/o candidaturas, así como a discursos de personas funcionarias que hacen alusión a símbolos religiosos o que muestran símbolos religiosos en el espacio público.
De igual forma, detallaron que en procesos de despenalización del aborto en las entidades federativas, se incrementan las declaraciones de ministros y personas funcionarias en las cuales, sin explícitamente contener elementos religiosos, se sustentan en creencias religiosas o dogmáticas.
Por esto, en su comunicado el movimiento hizo un llamado a las personas funcionarias públicas a conducirse bajo la ética pública laica y a las personas que ejercen un ministerio, a respetar la autonomía del ámbito político frente a lo religioso.