ZACATECAS. A través de un comunicado, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco en conjunto con la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) denunciaron que los gobiernos Federal y estatal se niegan a escuchar a las comunidades que viven en las inmediaciones del Río Atenco, quienes rechazan el proyecto de Presa Milpillas.
Reclamaron que se pretenden imponer el proyecto incluyéndolo dentro del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, pues advirtieron que dicha presa afectaría a 19 comunidades de la cuenca del Río Atenco, además de que temen ser desplazados forzosamente.
En el comunicado, recordaron que Susana Rodríguez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Zacatecas, aseguró que visita comunidades para buscar el consenso de los pobladores y que mantienen mesas de negociación con los dueños de los terrenos que abarca la obra de la presa Milpillas.
Sin embargo, las organizaciones negaron que la Secretaría trabaje de manera respetuosa y afirmaron que realiza estrategias de coacción, donde diversas instancias de gobierno se han acercado desde diciembre con despensas y tratando de hacer posadas, diciendo que eso nada tenía que ver con el proyecto de la presa.
Puntualizaron que las comunidades de Jiménez del Teul, Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como todos miembros del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco e integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le han exigido a los funcionarios que se vayan. Recalcaron que no desean el proyecto, por lo que exigen que se respete su derecho como pueblos a decir no y a decidir cómo quieren vivir en sus comunidades.
“Es totalmente falsa la declaración que hay mesas de negociación y mucho menos que estén teniendo buenos resultados. Desde aquí le decimos a la titular de la SAMA y al Gobierno Federal que NO queremos su proyecto de muerte, que no alimentaremos con el agua de las comunidades a la cervecera, refresqueras y mineras, que no queremos sus despensas ni sus dádivas, y que no estamos dispuestos a negociar nuestra agua, nuestra tierra y nuestra vida”, sentencia el comunicado.
Por el contrario, los inconformes demandaron que se investigue el proyecto a detalle, al argumentar que es inviable y que implica malversación de fondos. Asimismo, solicitaron que se demuestre en qué se han utilizado los recursos que salieron del erario público, al igual que se dé seguimiento puntual a las denuncias que han interpuesto tanto en el MP, como en las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos.
Por último, lamentaron que la actual administración federal pretenda revivir distintos proyectos de represas promovidos en sexenios anteriores, como es el caso de la presa Milpillas, de la presa Las Cruces en Nayarit o de la hidroeléctrica El Naranjal en Veracruz. Señalaron que estos proyectos han provocado graves conflictos y procesos de despojo, que alertaron ahora se vuelven latentes de nuevo.