CIUDAD DE MÉXICO. Magistrados federales respondieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum que el Poder Judicial de la Federación (PJF) es pueblo y que, a diferencia de ella y varios miembros de su Ggabinete, el 70 por ciento de los juzgadores proceden de las clases sociales baja y media baja.
En la conferencia matutina de los juzgadores, los magistrados replicaron a la Jefa del Ejecutivo, quien el fin de semana manifestó su deseo de que haya muchos «Benitos Juárez» en la Suprema Corte de Justicia y que el pueblo de México esté representado en el PJF, para erradicar la corrupción y los privilegios en los órganos jurisdiccionales.
Casi el 80 por ciento de los impartidores de justicia federales, dijeron, cursaron sus estudios en escuelas públicas, desde la primaria hasta la universidad, y, en contraste con Sheinbaum, quienes hicieron un posgrado, lo pagaron con sus recursos y no con becas del Conacyt, financiadas con el erario.
«Es muy fácil que el pueblo de México, nuestros compañeros de primaria, recuerden a una Edna Granados en la primaria pública en Ciudad Juárez; recuerden a un Armando Cruz Espinoza, en una escuela pública del interior del estado de Michoacán, ahí en la montaña; es muy fácil que recuerden a una compañera Maribel Castillo Moreno en la Ciudad de México, que ahora está de jueza en Chilpancingo, en la escuela pública; es mucho más fácil que recuerden a un Juan José Olvera López, su servidor, en una escuela pública rural desde la primaria en Querétaro y es francamente imposible que recuerden a una Sheinbaum, a un Harfuch, a un Ebrard, en una escuela pública y es imposible porque no estuvieron allí», afirmó el magistrado Juan José Olvera.
«Los juzgadores federales continuamos en la preparación por profesional del posgrado pero, por regla general, los jueces y magistrados que estudiamos posgrado, lo estudiamos con base en nuestro salario, con nuestros ingresos, nosotros pagamos nuestros estudios y lo hacemos de manera complementaria a la actividad, las tardes noches, los fines de semana, para seguir preparándonos, actualizándonos; a diferencia de lo que pasa en la casa de enfrente, en el Ejecutivo, sólo recordemos, sólo por ejemplo, que la propia Presidenta de México hizo un posgrado extraordinario por lo demás, pero en el extranjero, de tiempo completo y con recurso público, con becas del Conacyt».
Acompañado de los magistrados Juan Carlos Ramírez Benítez, Rogelio Alanís García, Fernando Silva García y Lorena Granados Hernández, Olvera citó los datos socioeconómicos de los miembros del PJF, recopilados por la académica Azul Aguiar, en el libro «Legal Culture Socopolitical Origins and Professional Careers of Judges in Mexico», presentado el pasado viernes.
El magistrado reprobó que Sheinbaum insista en la idea de que el PJF no representa al pueblo de México, a pesar de la procedencia de sus integrantes.
«No somos representantes, somos ‘parte de’, el pueblo de México ya está en el PJF, me parece que donde no está es en el Congreso de la Unión y no está en el Ejecutivo; me parece que otra vez otra vez se trata de capitalizar una realidad que ellos no tienen y que el PJF sí tiene y, enfatizo, sólo porque esta es la estrategia de comunicación que se ha seguido para tratar de denostar al PJF, porque de entrada es del todo inapropiado tratar de establecer lenguajes y narrativas clasistas que dividen, sobre todo por una Presidenta de la República, que debe recordar que es jefa de gobierno pero también jefa de estado y que está obligada a asumir posiciones incluyentes», exprtesó.
«Y si va a establecer categorías que dividen, que sean para atenderlas y mejorarlas, no para separarlas, porque también es inapropiado asumir que sólo los de educación pública, los de clase de baja y media baja, podemos realizar el servicio público; también está excluyendo por vocación a quienes se formaron en la iniciativa privada».
Los magistrados también dieron respuesta a un documento de Morena titulado «Argumentario; la fiesta de la victoria del pueblo de México», en el que señalan que la reforma judicial era necesaria por los niveles de corrupción e impunidad de los órganos jurisdiccionales.
Con datos de la asociación México Evalúa, actualizados al 31 de octubre, puntualizaron que de cada 100 asuntos que indagan las Fiscalías, solo el 3.6 por ciento de los casos llegan a los jueces, por lo que la impunidad está en las policías y los Ministerios Públicos.
Con relación al nepotismo, Olvera dijo que, con base en datos empíricos, los casos son mínimos, y destacó que el 80 por ciento de los juzgadores son el primer profesionista de sus familias nuclear y ampliada.