CIUDAD DE MÉXICO. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a detener la reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados.
«La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención», remarcó en declaraciones difundidas desde Ginebra.
«Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos».
México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero, advirtió, ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta.
«En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad», apuntó.
La oficina del Alto Comisionado (ONU-DH) recordó que mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México
La reforma aprobada en la Cámara baja y en proceso de discusión en el Senado agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipos penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
Türk señaló que si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos. Incluyó entre ellas a la reciente reforma judicial.
«En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho», alertó.
La introducción en la reforma de la figura de «jueces sin rostro», para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo, añadió.