Washington DC. Justo a la misma hora en que Donald Trump juramente como nuevo Presidente de Estados Unidos, el próximo lunes 20 de enero a mediodía, su Administración estará echando andar órdenes ejecutivas para iniciar deportaciones masivas y para cerrar la frontera con México a la migración irregular.
A diferencia del inicio de su primer mandato en 2017, cuando Trump tardó 5 días en emitir un decreto para construir el muro fronterizo con México y 7 días para prohibir la entrada a EU a nacionales de ciertos países musulmanes, un funcionario de la próxima Administración dijo que ahora los decretos llegarán de inmediato.
«Será a la velocidad de la luz. En el momento en que el Presidente Trump ponga su mano sobre esa Biblia y preste juramento al cargo, como ha dicho, la ocupación termina, comienza el Día de la Liberación», dijo Stephen Miller, quien fungirá como Asesor de Seguridad Interna de Trump, en entrevista con Fox News.
«Inmediatamente, (Trump) firmará órdenes ejecutivas para sellar la frontera y para comenzar la operación de deportación más grande en la historia de EU, para buscar a las bandas violadoras criminales, traficantes de drogas y monstruos que han asesinado a nuestros ciudadanos».
Aunque durante la campaña presidencial Trump insistió que privilegiaría la deportación de migrantes que son una amenaza a la seguridad nacional y a criminales duros, la verdad es que cualquier campaña de deportación masiva tiene en la mira a los 11 millones de indocumentados, 4 millones de ellos mexicanos.
«Si quieres asegurar la frontera, hazlo de un plumazo, como lo hizo el Presidente Trump», dijo en un popular podcast este mismo año, el flamante Zar Fronterizo de Trump, el ex director interino de ICE, Tom Homan y quien es considerado uno de los principales arquitectos de la política restriccionista de Trump.
Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Control Migratorio (ICE, en inglés), la agencia encargada de las deportaciones desde el interior de EU -que Trump dice querer privilegiar- enfrenta limitaciones básicas con sólo unos 6 mil agentes y unas 41 mil camas disponibles para albergar a migrantes para deportación.
Y aunque aún no logran detallar con claridad cómo podría operarse sin quebrar las leyes estadounidenses, Trump y sus aliados creen que pueden convocar a fuerzas militares estadounidenses para involucrarse de forma directa en campañas de deportación masiva el próximo año, no importando que sean legalmente dudosas.
El martes por la noche, el Asesor Miller fue más allá diciendo que el Buro Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y hasta la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés) podrían unirse a los efectivos militares pro deportación.
«ICE estará facultado, en asociación con el FBI, la DEA, la ATF, la Guardia Nacional, para sellar y asegurar completamente la frontera con CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Migratoria) y encontrar e identificar las amenazas criminales que están dentro de este país y enviarlas de regreso a casa», dijo Miller.
Aun con un potencial reforzamiento de las capacidades de ICE para deportar y haciendo uso de otras agencias civiles y militares, la prioridad según los expertos estaría enfocada en los más de 1.2 millones de indocumentados que tienen órdenes finales de deportación y que fracasaron con sus recursos legales.
Según Homan explicó este mismo año, una de las órdenes ejecutivas que podría salir de la pluma de Trump sería castigar con no ser elegibles a cualquier ajuste migratorio en el futuro de no obedecer las órdenes finales de deportación, algo que para padres indocumentados con hijos estadounidenses es prioridad.
Santiago Aguileta Ibarra
Agencia Reforma