ZACATECAS. Entre llanto y coraje, Virginia de la Cruz López, madre de un joven asesinado, denunció que el cuerpo de su hijo desaparecido permaneció durante ocho meses en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin que a ella le notificaran de la localización.
Desde finales de noviembre del año pasado, Cruz López reportó la desaparición de su hijo Alejandro y fue apenas el 4 de julio cuando le confirmaron que el cuerpo estaba en el Semefo. Al día siguiente se lo entregaron y el sábado lo sepultaron.
Fueron casi ocho meses en los que no supo nada de su hijo. “Tenían ADN, teléfono, dirección y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura”, recriminó la mujer.
Anteriormente, en el Semefo le habían dicho que no tenían información del joven, pero por insistencia de una de sus hijas acudieron de nuevo el 4 de julio.
— ¿Trae fotografías? — le preguntaron.
— Sí — respondió la señora.
— Pásele.
Hasta ese momento pudieron identificar el cuerpo. Ya solo era “una calaverita”, lamentó De la Cruz. El muchacho tenía 21 años. “Me lo mataron, mi hijo no se drogaba. Trabajaba decentemente”, recalcó la mujer.
Al protestar en la Legislatura mientras se desarrollaba un foro para discutir la situación del fondo de pensiones de la burocracia, denunció las omisiones del personal del Semefo:
“¿Saben qué hacen las pinches trabajadoras? Una de las malditas trabajadoras estaba aplastada arriba de uno de los jefes de ahí. ¿Ese es su trabajo?”.
A raíz del asesinato de su hijo, De la Cruz toma medicamentos. “Nunca me han querido dar la cara. Dios los perdone que nunca vayan a sentir este dolor que yo traigo”, declaraba ante decenas de asistentes.
Reprochó que el gobierno no la apoya: “Salgo a las calles a pedir comida para mí, mis dos nietecitas, mi hija y yo. ¿De qué se trata? Nos prometen cuando andan en sus pinches campañas y no son capaces, de perdido de pasar a ver si tenemos agua. ¡Quiero justicia!”.
La mujer recordó que durante 25 años se desempeñó como policía preventiva: “la gente me respetaba”; actualmente se dedica a la venta de dulces. Criticó la falta de atención a las buscadoras, porque a los servidores públicos, “mientras que les den dinero, están felices”. De la Cruz terminaba de hablar, pero continuaba llorando. Los asistentes al foro le aplaudían.
Acudió a la Legislatura porque anteriormente ahí recibió gestiones para la compra de medicamentos. Volvió a solicitar una gestión, cuando vio que se desarrollaba el foro de la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstezac), y decidió tomar la palabra.
“¿A cuántas madres buscadoras nos traen arriesgando la vida?, porque ustedes no hacen nada, no se preocupan por uno, no les deseo lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué no hacen su trabajo?”.
Recordó que “son muchas familias destrozadas” por la desaparición de personas y que no han recibido apoyo. “No se vale. ¿Y ustedes a qué se dedican? Nomás a estar embolsándose el dinero”.
Crisis forense
“Este doloroso caso es solo un reflejo de la crisis generalizada en México y Zacatecas”, denunció el colectivo Sangre de Mi Sangre, al recordar que en el estado hay hasta 4 mil personas desaparecidas y, “a pesar de que quieran reducir los registros oficiales o volver más difícil su consulta, la realidad es contundente”.
En Zacatecas, enfatizó la organización, se tienen por lo menos 952 cuerpos sin identificar, “una crisis forense de magnitudes alarmantes” que los gobiernos no han solucionado, ante la fallida implementación del mecanismo extraordinario en la materia a nivel local, la falta de capacidades para hacer frente al problema y la opacidad de la política de identificación.
“Es una constante la ineficacia de las instituciones y los malos tratos que reciben las familias de las víctimas en sus acciones de búsqueda, siendo revictimizadas y criminalizadas constantemente por funcionarios. Si no fuera por el empeño y el valor de las familias para buscar a sus seres queridos, la crisis de desaparición en el país estaría invisibilizada y aún peor atendida”.
Sangre de mi Sangre recalcó que se conocen muchos casos más de este patrón de no aviso ni notificación a la familia en los procesos de identificación, “lamentablemente, por temor, amedrentamiento e inseguridad, las familias no pueden denunciar”.
Por ello, las buscadoras llamaron a las instituciones gubernamentales, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y las comisiones de derechos humanos y de víctimas “a que no tomen esto como un caso aislado”.
“Que no hayan prestado atención a dicha realidad no quiere decir que no exista. La respuesta, si el compromiso es real, debe venir de la mano con la implementación de políticas claras para la identificación forense y la restitución con dignidad a las víctimas, siempre con la participación de las familias”.
El colectivo lamentó que “la desaparición de las personas viene acompañada con la desaparición burocrática”, por lo que reclamó a las instituciones que “romper estos circuitos de impunidad es su obligación”.
Luego de la manifestación de la madre buscadora en la Legislatura, la FGJE emitió un comunicado para anunciar que ya inició investigaciones para esclarecer el asunto y, en caso de responsabilidad u omisión, sancionar al servidor público responsable.
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informó que inició una queja de manera oficiosa, para investigar la presunta responsabilidad de las autoridades señaladas.