CIUDAD DE MÉXICO. Ministros, consejeros de la Judicatura y representantes de trabajadores del Poder Judicial plantearon que, si hay una reforma para elegir por voto popular a los Juzgadores del País, se aplique en forma gradual.
Además, exigieron que se mantenga la carrera judicial, para que Jueces, Magistrados y Ministros no pierdan independencia, y den certeza a inversiones privadas.
Al arrancar los foros sobre la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, la Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, pidió despejar la idea de que ya hay una decisión tomada sobre el tema.
«El paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores», advirtió ante legisladores. «En la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad», demandó.
El Ministro Jorge Pardo alertó del riesgo e impacto de sustituir a más de mil 600 juzgadores, además de la totalidad de Magistrados y Ministros.
«Generaría un desajuste importante en el funcionamiento de los órganos impartidores de justicia federales; me permito hacer la sugerencia de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando», planteó.
La Ministra Yasmín Esquivel propuso dos momentos en la renovación de juzgadores: la elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte; y una sustitución escalonada y progresiva de Jueces y Magistrados.
«Mi propuesta consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos: renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa», sugirió.
La propuesta de gradualidad fue planteada además por integrantes del Consejo de la Judicatura, como Verónica de Gyvés y Alfonso Montalvo, así como Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la CDMX.
La Ministra Margarita Ríos Farjat consideró que la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar, y propuso que los poderes judiciales locales cuenten con «jueces mediadores», electos por voto popular de vecinos.
«La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión social, en la Judicatura se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la Escuela de Formación facilite que futuros jueces incluyan un año de servicio social jurídico en defensorías públicas», propuso.