CIUDAD DE MÉXICO. El PRI demandó a la Sala Superior del Tribunal Electoral «restituir» la elección presidencial al considerar que la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del crimen organizado impidieron un voto libre y una elección imparcial y equitativa.
En su impugnación, que presentó en lo individual sin sus aliados PAN y PRD, el tricolor aclara que pide la nulidad y desestimación de los comicios, al existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante el proceso electoral y la jornada comicial.
«El presente agravio no se basa sobre la verificación de un fraude electoral, sino de la intervención permanente del Estado en el proceso. El Estado mexicano tuvo intervención en el proceso electoral, lo que marcó la inequidad en el proceso, por lo que se solicita la desestimación y se pide que se restituya el proceso.
«La nulidad de una elección es la travesía que ninguna autoridad electoral quisiera caminar, al contrario, el fin primario de la función electoral busca proteger los efectos del voto de la ciudadanía y conservar los actos válidamente celebrados», indica la impugnación.
Argumenta que la causal de nulidad genérica aplica en elecciones federales o locales cuando se confirman violaciones graves, dolosas y determinantes.
En el documento de 217 páginas, el PRI se centra únicamente en dos causas para repetir la elección: la injerencia del Presidente y del crimen organizado.
Ejemplifica que de las 36 conferencias matutinas denunciadas por la Oposición durante la campaña, en 29 la Comisión de Quejas del INE aplicó medidas cautelares por presunta violación a la ley electoral, por difundir logros de Gobierno, promover a Claudia Sheinbaum o Morena, y guerra sucia contra los opositores.
Justifica que desde que llegó López Obrador a la Presidencia, en los procesos electorales que le han tocado se han presentado 187 denuncias, contra las 24 registradas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
«Los actos sistematizados, continuos y permanentes con el propósito de influir en el proceso electoral desde su inicio, llevadas a cabo por acciones encabezadas por el Presidente, en favor de Morena, configuraron una elección de Estado y, una ventaja al partido oficial.
«Se conduce a la desestimación de la elección, por acreditarse irregularidades generalizadas que vulneran disposiciones de la Constitución que determinan cómo deben ser las elecciones», insiste.
Recuerda que en el 2006, López Obrador acusó de fraude al Mandatario Vicente Fox por su continua intervención indebida en el proceso, y la Sala Superior determinó que sí «constituyó un riesgo para la validez de los comicios».
Por ello, aclara, en esta elección, esa intromisión fue excesiva y, pese a las órdenes de frenar su activismo, fue omiso.
Sobre el crimen organizado, el PRI demanda a los magistrados no dejar de lado la inseguridad que imperó en todo el proceso, en al menos una decena de estados.
Esto provocó que candidatos de la coalición renunciaran, realizaran proselitismo limitado por las amenazas, incluso, dijo, también impactó a funcionarios de casilla y autoridades electorales.
«El pasado proceso electoral federal en México estuvo marcado por la injerencia del crimen organizado y la falta de protección por parte del Gobierno federal, lo que impidió el libre ejercicio del derecho al voto para muchos ciudadanos.
«Las amenazas, la intimidación y la violencia afectaron gravemente la participación electoral y los resultados de las elecciones, socavando la confianza en el sistema democrático y violando los derechos humanos fundamentales», agrega.
También exige que en la calificación de la elección ordene al Congreso reformar la legislación para impedir que estos dos fenómenos se repitan en el futuro, y los ciudadanos puedan tener elección libre y plena.