ZACATECAS. A dos meses de la marcha del 8 de marzo (8M), el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) renombró el callejón de las Campanas como “el de la tortura”, como un ejercicio de memoria colectiva por la violencia ejercida por las fuerzas policiales en contra de las manifestantes.
Con pintas en el suelo con la leyenda “8M no se olvida”, reprocharon la detención de 17 mujeres, luego de la marcha del Día de la Mujer, en las que 11 de ellas fueron llevadas a los separos “con una fuerte carga de terror y violencia emocional, como lo relatan las observadoras de Derechos Humanos”, expusieron.
A dos meses de este “abuso de poder”, destacaron que las demandas realizadas por las mujeres que conforman el MFZ no se han cumplido, pues expusieron que solo recibieron “actos simulatorios y evasivos”.
Muestra de lo anterior, precisaron, son las invitaciones a la Mesa Estatal de Construcción de Paz y el comunicado del Poder Ejecutivo firmado por sus funcionarios, en el que aseguraba el compromiso con las mujeres. “¿Su compromiso es violentarnos?”, cuestionaron.
PIDEN RENUNCIAS
Las feministas reclamaron el acto de discriminación por parte del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, al solo realizar una disculpa pública con una de las detenidas, integrante de medios de comunicación. “¿Las demás no somos merecedoras de una disculpa?”
Enfatizaron que el MFZ demanda la renuncia e inhabilitación de Reyes Mugüerza, así como del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, del director de Policía de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera Murillo, y las autoridades responsables de perpetrar estas agresiones.
Asimismo, la disculpa pública por el ataque con gases a manifestantes mujeres e infantes en Plaza de Armas. “Recordándole al Estado que debe prevalecer siempre el interés superior del menor y la reparación de los daños físicos y psicológicos de esta agresión”.
De igual forma, las manifestantes exigieron la creación de una comisión de seguimiento, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), para la investigación de estos hechos.
Además de investigar los actos de intimidación y represión previos a la marcha contra trabajadoras de gobierno “amenazadas y condicionadas para asistir a la manifestación” y la reposición de los celulares y dinero que fueron sustraídos a las usuarias del transporte público, que fueron revisadas por agentes de vialidad.
