ZACATECAS. El gobernador David Monreal Ávila afirmó que está dispuesto a someterse a la consulta de revocación de mandato. “Yo la impulsé, sería incongruente que dijera no o para todos menos para mí”, argumentó.
Luego de que la LXIV (64) Legislatura aprobara la ley reglamentaria de revocación de mandato, Monreal Ávila celebró la decisión de los diputados, pues aseguró: “fue una de mis banderas políticas”.
Sostuvo que durante su vida pública lo ha acompañado el debate, por lo que enfatizó que está a favor de que las sociedades decidan, porque “no tienen por qué padecer a los malos gobernantes”.
Explicó que la citada ley es un instrumento jurídico enfocado a que no se tenga que esperar a que concluya el periodo legal de quien encabeza el Poder Ejecutivo, sino que el tiempo de mandato se pueda abreviar o concluir, ya que “el pueblo quita, el pueblo pone”.
David Monreal consideró que es una buena iniciativa e incluso se pronunció porque se adelante el procedimiento, “para que pudiéramos ir a la revocación de mandato el próximo año o en diciembre, o lo antes posible”.
Asimismo, resaltó que la ley ya se instauró en el gobierno federal, ahora en el estatal y debe discutirse para que también suceda a nivel municipal.
“Es un instrumento para que el pueblo decida. El pueblo manda, debe ser una máxima y lo ha sido en nuestro movimiento progresista”, insistió el gobernador.
Reglamentación
El 8 de mayo, con 25 votos a favor se aprobó el proyecto de reglamentación para expedir la ley de revocación de mandato para la entidad.
La ley se establece como reglamentaria del Artículo 44 Bis de la Constitución Política de Zacatecas, enfocada específicamente en la revocación de mandato de quien ejerce como titular del Poder Ejecutivo del Estado.
En ella instaura que la solicitud de la consulta debe hacerse por al menos 10 por ciento de la lista nominal, es decir, poco más de 120 mil personas. Para que el resultado sea vinculante, debe votar por lo menos 40 por ciento del padrón.
La solicitud de consulta podrá hacerse en los primeros tres meses posteriores al término de los primeros tres años de gobierno del titular del Poder Ejecutivo estatal.