CIUDAD DE MÉXICO. El panel de expertos que analizó el caso de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, le dio la razón a México debido a que la denegación de derechos sindicales sólo puede ser imputada a hechos posteriores a la entrada en vigor del T-MEC y sujetos a la Reforma Laboral del 2019.
Cabe recordar que la queja en contra de la mina -propiedad de Grupo México- se debe a un conflicto de 16 años; por ello, y parte de los argumentos en favor de México, es que las irregularidades fueron o están en vías de ser corregidas por las autoridades nacionales que sí tienen jurisdicción sobre el caso.
Los tres miembros del primer panel arbitral del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) determinaron que no tenían jurisdicción para pronunciarse sobre la denegación de derechos sindicales en dicha mina.
«A través de esta resolución, México sienta un precedente para un uso razonable del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida ya que se ponen límites a su aplicación, en su ámbito de competencia y disuadiendo que en el futuro se pretenda utilizar para injerencias indebidas», determinó la Secretaría de Economía en un comunicado.
En la audiencia oral sobre el caso, el Gobierno mexicano acusó al estadounidense de querer utilizar el MLRR del Tratado para restringir el comercio.