CD. JUÁREZ. El Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció una disculpa pública a familiares de niñas y mujeres desaparecidas y víctimas de femicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En cumplimiento de las recomendaciones del Informe 288/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno reconoció que, en estos casos, se permitió la impunidad y se violaron los derechos de las víctimas.
«Como representante del Estado mexicano, reconozco la responsabilidad por el feminicidio de María Elena Chávez Caldera, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, Cecilia Covarrubias Aguilar, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Silvia Elena Rivera Morales y la desaparición de la bebé Ibarra Covarrubias y ofrezco una sincera disculpa a las víctimas y sus familias», expresó el Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.
Desde el memorial «Víctimas de Feminicidio», ubicado en un campo algodonero, el funcionario ofreció disculpas a Julia Caldera Chávez, madre de María Elena, víctima de feminicidio en el año 2000; a Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario, asesinada en 1998 y a Irma Pérez Franco, madre de Olga Alicia, víctima de feminicidio en 1995.
También a Juana Rodríguez Bermúdez, madre de Brenda Berenice, asesinada en 2003; a María de la Soledad Aguilar Peralta y Nidia Lee, madre y tía, respectivamente, de Cecilia víctima de feminicidio en 1995 y de la bebé Ibarra Covarrubias, desaparecida desde 1995.
Finalmente, ofreció una disculpa a Ramona Morales Huerta y Silvia Elena Rivera Ceballos, madre y sobrina de Silvia Elena Rivera Morales, víctima de feminicidio en 1995.
«Reconocemos que el Estado mexicano violó el derecho fundamental de estas niñas y mujeres a la vida. No sólo las autoridades no les protegieron, sino que, en muchos casos, fueron éstas las que perpetraron o toleraron la violencia», admitió el Subsecretario.
«Las niñas y mujeres de Ciudad Juárez, especialmente las jóvenes de entornos marginados, fueron víctimas de por lo menos una triple vulnerabilidad: por ser mujeres, por ser jóvenes y por vivir en condiciones de pobreza y desigualdad».
Medina recordó que las víctimas sufrieron violencia en las calles, en el trabajo y por parte de autoridades indolentes.
«Sus vidas fueron truncadas de manera brutal, dejando un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad. El Estado mexicano reconoce su papel fundamental en la construcción de una sociedad libre de violencia. No hay palabras que puedan reparar el daño causado», reconoció.
Durante el encuentro estuvieron presentes autoridades del Gobierno de Chihuahua, de la Fiscalía Local y representantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y de Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights).