ZACATECAS. El abogado litigante, Jorge Rada Luévano, informó que la audiencia judicial para determinar el otorgamiento del amparo para detener la construcción del viaducto elevado sobre el bulevar metropolitano fue diferida hasta el 24 de abril.
Recordó que este recurso legal fue promovido como parte de la estrategia jurídica al considerar que se violaba el principio de vinculación del gasto público, “que refiere que éste debe destinarse principalmente a necesidades básicas de la población”.
Reiteró que el pago, en particular a los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), “lo que es esencialmente una necesidad básica”.
Dio a conocer que el 16 de marzo “las autoridades correspondientes brindaron un informe justificado y sorprendentemente a los quejosos que suscribieron el juicio de amparo les efectuaron los pagos de los aguinaldos”.
Según el abogado, esto tuvo como finalidad solicitar al juez que sobreseyera el caso y no siguiera conociendo del juicio de amparo, “en virtud que ya estaba satisfecho el interés jurídico de los quejosos”.
Sin embargo, el litigante consideró que la respuesta gubernamental “fue amateur, porque se trata de un interés legítimo.
Los quejosos no están peleando intereses individuales, sino legítimos de un colectivo, de un grupo definido que son los jubilados y pensionados”.
Mencionó que la ley de austeridad establece la obligación del Estado de pagar las pensiones cuando cuente con ingresos de libre disposición, “hay miles de sentencias ganadas ya, que están en el proceso judicial de ejecución y tienen que ser cubiertas de acuerdo con la ley presentada por el gobierno actual”.
Agregó que la misma ley establece la obligación “de aportación de fondos para desastre y de pensiones, aquí existe otro fundamento legal para que el gobierno del estado aporte recursos conforme a la ley de austeridad presentada por el mismo gobierno”.
También apuntó que el Plan Estatal de Desarrollo hace otro análisis de la situación del Issstezac y en éste también establece que deben destinarse los recursos suficientes para rescatar al instituto.
“Pues está contrariando todas las reglas que el gobierno estableció y todas saldrán a flote en el juicio de amparo y puede provocar que se suspenda la obra [del segundo piso] por no cumplir con las normas estatutarias”, puntualizó.
