CIUDAD DE MÉXICO. La desaparición de órganos autónomos como anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador vulneraría derechos y representaría una regresión autoritaria, coincidieron especialistas.
El Mandatario anunció el pasado lunes que enviará una iniciativa al Congreso para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Instituto Federal de Comunicaciones (IFT).
En el caso del INAI, explicó Jacqueline Peschard, ex presidenta del IFAI (ahora INAI), la Constitución establece que el garante del derecho a la información y la protección de datos personales debe ser un órgano autónomo y especializado, por lo que dicha tarea no puede ser suplida por la Secretaría de la Función Pública ni por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como propone el Presidente.
«La desaparición de estos organismos autónomos significaría una regresión autoritaria muy fuerte, porque sería volver al pasado en donde no había contrapesos fuertes que limitaran al poder, en donde no había tampoco la posibilidad de que los ciudadanos ejerciéramos derechos que ahora ya están en la Constitución y en todos los convenios internacionales que México ha firmado en materia de libertad de expresión y de acceso a la información», explicó Peschard.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que el nuevo anuncio realizado por López Obrador es parte de su ataque sistemático a aquellos organismos que le resultan ajenos o, en algunos casos, incómodos.
«Si se analiza con más cuidado, lo sorprendente no es el continuo ataque al INAI, o que omita de la lista de organismos a desaparecer a la CNDH, un organismo autónomo que cuesta más de mil 700 millones al año. Lo que sorprende del anuncio presidencial es que un Gobierno de origen progresista vaya contra la unidad antimonopolios, la Cofece.
«Las agencias antimonopolios suelen ser una pieza central de los gobiernos progresistas. Al proponer su desaparición es imposible no preguntarse sobre una posible alianza con ciertos grupos empresariales para el financiamiento de las campañas en 2024», planteó Bohórquez.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, dijo que garantizar el acceso a la información es un principio básico en una democracia y que no puede quedar en manos de una secretaría del Ejecutivo decidir qué información se entrega y cuál no.
«¿El Gobierno mismo va a responder sobre sus propios pecados? Yo creo que no. Entonces, ahí va a haber un conflicto de interés, para quizás no entregar información que lo comprometa. Imagínate en pleno año electoral, no va a tener ningún interés en respondernos preguntas que lo puedan comprometer en términos de su desempeño o en términos de su probidad en el aspecto de la corrupción», advirtió.
Rolando Herrera
Agencia Reforma