CIUDAD DE MÉXICO. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no solo pretende que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no lo fiscalice, sino que también elude cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A principios de este mes, el Infonavit no entregó a un solicitante información requerida sobre las sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control (OIC) a su empleados bajo el argumento de que dicha ley no le es aplicable.
El Instituto indicó que para sancionar a sus trabajadores aplica un reglamento interior y no la ley que rige la conducta de todos los servidores públicos a nivel federal.
«No se encontró registro de la información requerida en términos de la solicitud, ya que de la misma se desprende que el solicitante toma como referencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
«Lo anterior, con motivo que la graduación de la sanción y las correspondientes sanciones que puede determinar la Contraloría General es en términos del Reglamento Interior de Trabajo, con fundamento en las facultades previstas en las disposiciones antes señaladas, en ese sentido, la naturaleza de los procedimientos instaurados por la Contraloría General, son de carácter laboral», argumentó.
Grupo REFORMA publicó este domingo que el Infonavit presentó el pasado 27 de noviembre una demanda de amparo para evitar la elaboración, publicación y notificación del informe de auditoría realizado por la ASF y que en 2017 reveló daños por 3 mil 240 millones de pesos.
La insistencia del Infonavit a ser fiscalizado se dio pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2020 que la ASF sí puede auditarlo.
El argumento del Infonavit para eludir a las auditorías y el control interno ha sido que no maneja recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sino que administra aportaciones privadas de los trabajadores para vivienda.
En 2003, tras el nacimiento de entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el Infonavit se resistió a cumplir con la ley de transparencia y fue necesario que en 2007 el congreso estableciera que el Infonavit es un sujeto obligado.
Aunque el Infonavit señaló en la respuesta dada al particular que la Contraloría General impone sanciones de «carácter laboral», no se esforzó en el cumplimiento de la ley y no entregó las estadísticas que, en este caso, equivaldrían a lo que era de interés del ciudadano.
