ZACATECAS. El proyecto de ley para sanciones del alcoholímetro, requerido para operar el centro cívico de sanciones, no se votó como este martes estaba previsto y se regresó “a la congeladora”.
“Estábamos proponiendo en este caso que se tuvieran que utilizar cámaras corporales para garantizar que no hubiera corrupción”, explicó el diputado local Ernesto González Romo.
El pasado lunes se leyó esta iniciativa para sanciones en el alcoholímetro, que contemplan arrestos de ocho a 36 horas o en su defecto multas de 12 mil a 32 mil pesos, aproximadamente.
González Romo denunció que este proyecto de ley abría la puerta a actos de corrupción, y por ello propuso una reserva para poner cámaras corporales obligatorias a los elementos de Seguridad Vial. También se pretende que los servicios de grúa y corralones sean proporcionados por el estado, para evitar que se hagan negocios.
Además se pronunció por medidas para prevenir accidentes automovilísticos, pero insiste en que se requieren mecanismos para evitar actos de corrupción.
MULTAS “SIMBÓLICAS”
La iniciativa de ley, que se regresó a comisiones, se considera necesaria para poner en operación el Centro Cívico de Sanciones, también conocido como Torito, en el que la cervecera local hizo una donación de más de 6 millones de pesos.
Pablo Mercado Solís, presidente de la Barra de Abogados, dijo que las sanciones para los conductores alcoholizados deben estar enfocadas a temas de prevención y no tanto de recaudación.
Señaló que las multas deberían ser “simbólicas”. También expuso que hay cámaras y tecnología para verificar que no se den actos de corrupción por parte de los agentes viales.
Consideró acertado el planteamiento de un arresto para cuidar la integridad del conductor.