CIUDAD DE MÉXICO. El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a María del Carmen Sánchez Cisneros, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien suspendió la entrega inmediata a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas «El Nini», presunto jefe de escoltas de «Los Chapitos», sin un juicio de extradición de por medio.
«Casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado ¿qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los Ministros de la Corte»
«Ahh y el Consejo de la Judicatura de qué se trata. Esto es derecho. Esto es chueco, a todas luces, no se necesita ser doctor, en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados, ojalá y algún día estos colegios de abogados, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, llamar a una rueda de prensa y denunciar a todo esto, pero se quedan callados, no dicen nada, es un silencio cómplice».
Previamente, el Sebsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, también exhibió a la jueza Sánchez Cisneros, así como a juzgadores que, considera, han favorecido a Emilio Lozoya, ex director de Pemex y a una hermana del abogado Juan Collado.
«La jueza María del Carmen Cisneros otorgó una suspensión a «El Nini» para no ser extraditado a EU. Manifestó tortura, incomunicación. El 23 de noviembre el actuario del juzgado de término que de encontrar en buenas condiciones y no presentaba golpes ni moretones y no había sufrido malos tratos».
El General señaló a la jueza jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, quien evitó que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser propiedad de la Federación como pretendía la FGR.
«Declaró improcedente por la compra de un inmueble por valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita, ordenó levantar el aseguramiento del inmueble».
El General señaló al juez Antonio Medina Gaona por beneficiar a Lucía, hermana de Juan Collado, quien promovió un «amparo buscapiés» contra ordenes de aprehensión para no ser privada de su libertad.
Claudia Guerrero
Agencia Reforma