FRESNILLO. El Sindicato Minero Metalúrgico FRENTE ganó un amparo de varios interpuestos contra la Ley Federal del Trabajo por el pago de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
La juez Octavo de Distrito en materia de Trabajo, Rosaura Rivera Saucedo, otorgó a la Sección 120 de Ciénega, Durango, este resolutivo, detalló el secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico FRENTE, Carlos Pavón Campos.
Refirió que el alcance de esa resolución judicial permitirá a las empresas mineras que generaron utilidades en 2021 y 2022 repartir entre sus trabajadores el equivalente al 10 por ciento de las ganancias reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con el primer amparo ganado, destacó el líder sindical, dará pauta para que los amparos de las demás secciones sindicales interpuestos en 2021 sean ganados.
Precisó que esta victoria beneficiará a por lo menos 600 trabajadores de la Sección 120, afiliados al FRENTE, en La Ciénaga, Durango, y permitirá que los empleados recuperen los ingresos que no les fueron entregados.
Además, permitirá acceder a completar sus utilidades a trabajadores sindicalizados de las secciones 62, 72 y 82 de las minas Fresnillo, Saucito y Juanicipio.
Pavón Campos aseguró que los trabajadores recuperarán el retroactivo de 2022 y del presente año, conforme lo mandata la constitución.
Aunque no precisó el número exacto de trabajadores afiliados al FRENTE, destacó que serán miles los mineros beneficiados en varios estados de la República, donde tiene presencia el sindicato metalúrgico.
“No es perjudicial para los gobiernos”
El líder del FRENTE consideró que ganar este amparo es un logró histórico para el sindicato que preside, ya que recordó que su organización fue la única a nivel nacional que se amparó contra esta medida, la que “no perjudicará al gobierno federal, estatal o municipal, ya que la empresa minera será la encargada de pagar el resto del monto de utilidades”, recalcó.
Por último, enfatizó que el gobierno federal no debería interponer recursos de apelación, ya que afectaría directamente a la clase trabajadora.
Además, no se verán mermados en hacer estos pagos, pues obtendrán recursos económicos por el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las utilidades.
Pavón Campos recordó que el amparo es contra la votación que se emitió en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en el gobierno de México por la discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de subcontratación laboral, en específico el artículo 127, fracción octava, de la Ley Federal del Trabajo.
En este apartado se modificó la forma en que las empresas realizan el pago de utilidades a sus empleados y en vez de basarse en un porcentaje estipulado en la Constitución Mexicana, se realiza un pago equivalente de hasta 90 días laborales.
