CDMX. La Suprema Corte de Justicia (SCJN) discutirá este lunes un proyecto que elimina casi la mitad de los artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, por regular temas que solo corresponden al Congreso federal.
La Ministra Yasmín Esquivel propuso invalidar 63 de los 142 artículos de la ley capitalina, vigente desde septiembre de 2021, que reemplazó a la Ley de Centros de reclusión expedida en 2014, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El error del Congreso local fue regular múltiples cuestiones relacionadas con la ejecución de las penas, tema que la Constitución reserva para una ley nacional en esa materia, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue la que promovió ante la Corte la acción respectiva.
«Resulta indisponible para los órganos legislativos locales, e incluso innecesario normas aplicables para aspectos relacionados con la ejecución de penas, es decir, en todo aquello que tenga que ver con el internamiento de personas en los centros penitenciarios, ya sean locales o federales, por prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, pues la norma nacional emitida por el Congreso General es la que cuenta con sustento constitucional para dotar de contenido a la regulación en esa materia», afirmó la CNDH.
Los temas que la CDMX reguló sin poder hacerlo, incluyen régimen de visitas y comunicación con defensores, capacitación, trabajo, educación salud y actividades en las cárceles, traslado de reos, derechos de mujeres internas que tienen hijos, y bases de datos del registro de personas privadas de su libertad, entre otros.
Una vez que la Corte anule estos artículos -lo que requiere al menos ocho de once votos -, las personas recluidas en prisiones administradas por el Gobierno capitalino tendrán que sujetarse a reglas de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Cabe mencionar que, en el sexenio pasado, se aprobaron varias reformas constitucionales para generar leyes nacionales y únicas en múltiples temas, quitándole a los Congresos locales la facultad de expedir sus propias normas.
Sin embargo, la Corte, de manera recurrente tiene que estar revisando y anulando leyes locales, pues las legislaturas siguen tratando de regular los temas que ya están «nacionalizados».